A vueltas con el contrato de la Avenida de Portugal de Ourense

El conflicto entre la administración Jácome y la empresa Opain, primera adjudicataria de las obras en la Avenida de Portugal, vivirá un nuevo episodio en la Junta de Gobierno local prevista para hoy jueves.

El gobierno local quiere iniciar un procedimiento para romper el contrato con la empresa adjudicataria, con la que le vinculan dos contratos, uno por tramo de la calle. El primero, desde la rúa Ervedelo hasta la Valencia, con un presupuesto adjudicado de 2,4 millones de euros. El segundo tramo discurre desde la calle Valencia hasta Marcelo Macías, con un coste de 2,71 millones de euros, contando ambos con financiación de la Unión Europea.

La administración acusa a la constructora de incumplir su obligación tras interrumpirse los trabajos en la zona el 9 de marzo de 2026. El Ayuntamiento considera esta acción un abandono, frente a la argumentación de la empresa de los retrasos en los pagos. Además, Jácome propone confiscar las garantías depositadas, que superan los 200.000 euros, mientras que Opain afirma la existencia de una deuda municipal superior a los 800.000 euros en el momento de frenar la actividad.

Pese a las pretensiones del alcalde, el Concello carece de potestad para rescindir el contrato de forma unilateral, por lo que en la reunión del gobierno municipal se tratará de elevar sus exigencias al Consello Consultivo de Galicia, quien debe evaluar la situación y emitir un dictamen preceptivo, tal y como obliga la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar la legalidad del proceso.

Más carpetazos

La Xunta de Goberno Local también busca cerrar la vía administrativa en el conflicto por el muro del colegio Cardenal Cisneros. Los hechos se remontan a la tarde del 1 de marzo de 2023, cuando un muro de contención colapsó de manera repentina en la calle Fonte do Monte. La estructura se vino abajo, cayendo parte de los escombros sobre el patio exterior del centro educativo.

El siniestro incluyó el reventón de una tubería de agua que obligó a las autoridades a desalojar a los residentes del edificio contiguo por motivos de seguridad. Tras el derrumbe, el Concello de Ourense tuvo que intervenir de urgencia para estabilizar la zona, retirar escombros y garantizar la seguridad del perímetro escolar y residencial.

El Concello quiso pasar después la factura, que asciende a 181.839 euros, a la empresa que desempeñaba los trabajos al considerarla responsable de los daños ocasionados por las obras de su licencia. La compañía presentó un recurso de reposición para evitar el abono, que en la presente jornada la administración Jácome busca desestimar.

El gobierno local se apoya en un informe jurídico fechado el pasado 28 de julio para fundamentar su decisión, intentando levantar la suspensión del cobro y exigiendo a la empresa el ingreso del dinero mediante una carta de pago. La compañía tendrá como única opción acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en un plazo de dos meses.

Un nuevo reparo

La situación del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, que aún no ha entrado en funcionamiento, será otro de los asuntos a tratar. El Concello de Ourense adjudicó este proyecto a una empresa alemana a la que aún adeuda 997.860 euros.

El pago de esta factura fue detenido por el interventor municipal, que paralizó el abono al advertir una omisión de la función interventora, pues el gasto se tramitó omitiendo el control financiero y de legalidad previo exigido por la normativa pública.

Para solucionar el bloqueo, el gobierno municipal aprobó una convalidación del trámite en el mes de julio, pero lo hizo de forma errónea, y ahora debe corregirlo para poder sufragar su deuda.