Pontedeva aprobó sus cuentas con críticas de los socialistas
PRESUPUESTOS
El PSOE pide explicaciones sobre 290.000 euros en deudas de dudoso cobro, omitidas en ellas
El PSdeG-PSOE de Pontedeva ha mostrado su rechazo a los presupuestos municipales de 2026 aprobados esta misma semana, justificando su voto en contra argumentando que las cuentas llegan tarde, tienen un marcado carácter electoralista y carecen de transparencia.
Según el portavoz socialista, Antonio Vázquez Ferreira, el documento evidencia un cambio de criterio “difícil de justificar”. El edil denuncia que la inversión se ha disparado en el año preelectoral, pasando de los 363.000 euros de 2025 a los 742.000 en 2026. “Parece que o alcalde e o PP só se lembran de realizar inversións en Pontedeva cando se achegan as eleccións. Durante o resto do mandato asistimos a unha parálise que contrasta coas cifras que agora nos presentan”, criticó Vázquez. Además, el grupo socialista recrimina que las cuentas se aprueben en octubre, lo que impide que funcionen como una herramienta real de planificación.
Los socialistas apuntan a la desaparición de una partida superior a los 290.000 euros en derechos pendientes de cobro, procedentes de tasas e impuestos de ejercicios anteriores: “Non imos apoiar uns orzamentos que chegan no último tramo do ano, cun evidente perfil electoralista e sen aclarar cuestións económicas importantes como os máis de 290.000 euros pendentes de cobro”.
Por su parte, el alcalde de Pontedeva, el popular Juan Carlos González, ha respondido asegurando que los presupuestos se ajustan a la realidad del municipio. Sobre el retraso en la aprobación, el regidor explicó que se debió al cambio de secretario municipal y la actualización de la contabilidad, pero garantizó que las cuentas del próximo curso se presentarán en plazo.
En cuanto al incremento de inversión, González justificó que se debe a la ejecución de obras pendientes que se han ido tramitando a lo largo del mandato y que “salen por a eficacia dos nosos funcionarios”. Además, aclaró que los 290.000 euros corresponden a deudas de dudoso cobro acumuladas durante décadas, que ya no se pueden contabilizar por ley en los presupuestos.
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