Dos años de cárcel por violar a una menor tras una noche de fiesta en Ourense

Manuel M.M. ha eludido una larga condena de prisión tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en la Audiencia Provincial de Ourense. El procesado, que se enfrentaba inicialmente a una petición de nueve años de cárcel por un delito de agresión sexual con acceso carnal a una menor, ha aceptado finalmente una pena de dos años de prisión tras reconocer la autoría de los hechos ocurridos en el verano de 2023.

La drástica reducción de la condena, siete años menos de lo que solicitaba el Ministerio Público en su escrito de calificación provisional, ha sido posible gracias a la apreciación de tres circunstancias atenuantes que modificaron la responsabilidad penal del encausado: dilaciones indebidas en el proceso, actuar bajo los efectos del alcohol y la reparación del daño. Respecto a esta última, el acusado consignó judicialmente 10.000 euros unos días antes de la vista oral, cubriendo así más de la mitad de la indemnización total de 18.000 euros fijada para la víctima.

Los hechos que motivaron la condena se remontan a agosto de 2023 en A Rúa. Según el relato validado en la sentencia, la víctima salió de copas aquella noche con el acusado y otro amigo. Existía una relación de confianza previa entre ellos, ya que el agresor conocía a la menor desde hacía tiempo debido a la buena relación que mantenía con la familia de la joven.

Tras la noche de fiesta, los tres se dirigieron a dormir a la casa del amigo, donde la menor y el procesado compartieron una habitación con dos camas. En un momento de la madrugada, Manuel M.M. se introdujo en la cama de la joven con la excusa de abrazarla porque ella tenía frío, momento en el que perpetró el ataque sexual.

Además de la pena privativa de libertad, el acuerdo de conformidad impone al condenado tres años de libertad vigilada y una orden de alejamiento que le impedirá acercarse o comunicarse con la perjudicada durante tres años. Asimismo, la sentencia establece una inhabilitación especial de siete años para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores de edad, reduciendo también en este punto los quince años que solicitaba inicialmente la acusación pública.