Autovía Lugo-Ourense: 70 kilómetros en un cajón tres décadas después

Parece mentira, pero tres décadas todavía no han bastado para materializar la conexión por autovía entre Ourense y Lugo. Lo que empezó como un compromiso firme del Estado a principios de los 90 se desmoronó con la crisis financiera y, actualmente, vuelve a la casilla de salida después de que el Gobierno abriera a finales de 2025 la puerta a dejar el proyecto en un simple corredor. 

Y es que la autovía entre las dos provincias, la A-56, lleva más de tres décadas en pañales, entre vaivenes administrativos y trámites que parecen eternos en el tiempo. En estos 30 años, el Ejecutivo central ha cambiado de color hasta en cuatro ocasiones y la postura de los partidos de gobierno respecto a la infraestructura siempre ha sido la misma: “Protesta en la oposición, inacción al frente de la nación”.

PP y PSOE se han convertido en los pésimos protagonistas de una historia de tímidos avances y promesas incumplidas, que dejan como resultado un proyecto ahogado en burocracia que perjudica gravemente la economía de ambas provincias. Los empresarios de Lugo y Ourense y la patronal de los constructores, Seopan, han reclamado hasta el hartazgo este proyecto como prioritario, pero los sucesivos gobiernos les han hecho caso omiso. En los presupuestos del Estado de los últimos años solo se destinaron partidas testimoniales para avanzar en la construcción de la infraestructura. Ahora, sin acuerdo a la vista para tramitar unos nuevos, la A-56 parece abocada a permanecer encerrada en un cajón ministerial.

La realidad actual para los conductores ourensanos es desoladora. El proyecto de la autovía acumula tal retraso que ha sobrevivido a múltiples presidentes del Gobierno sin apenas variar su fisonomía. La realidad sobre el asfalto dista mucho de los planos originales: solo se han materializado 8,8 kilómetros de los casi 70 necesarios para completar el trazado proyectado.

Esa “isla” de 8,8 kilómetros operativos corresponde al tramo que une San Martiño, en el concello ourensano de Vilamarín, con A Barrela, capitalidad del municipio lucense de Carballedo. Empezó a construirse en 2008, pero la crisis paralizó las obras entre 2010 y 2015, por lo que no pudo habilitarse hasta septiembre de 2020. Esta pequeña victoria costó 54,8 millones de euros y doce años de obras interrumpidas por la crisis, pero ahora corre el riesgo de quedar como un tramo inconexo si el resto de la vía se degrada a carretera convencional.

Ahora, la última respuesta oficial del Gobierno central ha disparado todas las alarmas sobre el futuro de la A-56, sugiriendo que la infraestructura proyectada para unir la ciudad de As Burgas con la capital lucense podría perder su condición de autovía para convertirse en un simple corredor, una vía de menores prestaciones y seguridad reducida. Esta fórmula eliminaría la mediana de separación característica de las autovías, reduciendo la seguridad vial. 

 La N-540, “tercermundista”

Mientras se define el futuro administrativo de la A-56, la conexión directa entre Ourense y Lugo por carretera sigue dependiendo de la N-540. El pésimo estado del firme de esta carretera nacional lleva años acaparando titulares y provocando las quejas de los usuarios y alcaldes de la zona que tildan la carretera de “tercermundista”.

El Ministerio de Transportes puso en marcha la pasada primavera la reparación del deplorable estado de la carretera. Una medida que solo busca seguir poniendo paños calientes a una dura realidad: la Galicia interior tiene unas conexiones indignas del siglo XXI.

El Gobierno central adjudicó en 2024 una reforma integral por valor de 11 millones de euros, pero en una respuesta parlamentaria fechada el 27 de noviembre de 2025, el Ejecutivo admite que, tras veinte meses de ejecución teórica (las obras comenzaron formalmente en abril de 2024) la maquinaria apenas ha actuado entre los puntos kilométricos 17 y 60. Esto deja en el “limbo” a 25,9 kilómetros de vial -concretamente los tramos del 0 al 17 y del 60 al 68,9- donde todavía no se ha ejecutado obra alguna. Con la llegada del invierno, que impide los asfaltados, el “calvario” de los baches promete alargarse sin remedio.

Para mayor incertidumbre, el Gobierno evita dar una fecha de finalización, aunque en anteriores contestaciones en el Congreso indicaron que lo harán en el menor tiempo posible, dentro, eso sí, del plazo de ejecución previsto de los trabajos, y que en el contrato marcaba el año 2027.