La empresa ourensana alerta del impacto de la reducción de la jornada

El Consejo de Ministros de este martes aprobó el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales. La vicepresidenta b explicaba que “12,5 millones de trabajadores asalariados se verán beneficiados de la reducción de jornada cuando ésta entre en vigor, de los que 6,8 millones son hombres y 5,7 millones de mujeres”.

La medida, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en los próximos días, empieza ahora su recorrido parlamentario, donde los partidos no la han recibido con entusiasmo. Recoge, por un lado, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y establece tanto la instalación de un nuevo registro horario que se deberá tener listo seis meses después de la entrada en vigor de la ley. “Será digital e interoperable y la Inspección de Trabajo podrá saber en tiempo real qué jornada hace cada trabajador”, continuaba explicando Yolanda Díaz.

Este nuevo máximo a la jornada semanal de trabajo tendrá que ser recogido en los convenios colectivos que se firmen después de la entrada en vigor de la ley, y los ya firmados desde comienzos de año (10 en la provincia de Ourense), tendrán hasta el 31 de diciembre de este año para adaptarse a la nueva jornada máxima.

En lo que respecta a las sanciones, el Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada. La transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo se sancionarán, en su grado mínimo, con multas de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros por trabajador.

Falta de flexibilidad

Las asociaciones empresariales de Ourense han mostrado su preocupación por la falta de flexibilidad que la normativa contempla respecto a sectores como el comercio o el transporte por carretera, donde los horarios son más flexibles. Marison Novoa, presidenta de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO), indicaba que “nuestro tejido empresarial es mayoritariamente de pymes y micropymes con enormes dificultades para cubrir vacantes en los últimos años”, las cuales sufrirán más los cambios.

Novoa también incidió en que “reducir la jornada sin un ajuste proporcional de los costes salariales provocará una presión adicional sobre las empresas, especialmente en un momento de incertidumbre económica como el que atravesamos”.

En el ámbito industrial señalan que “de hacerse de forma unilateral, minará precisamente la capacidad de negociación colectiva”, según Jose Antonio Rodríguez Araújo, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono, quien añadía que “va a provocar un importante incremento de costes para su implementación”.

Para Apetamcor, representantes de los profesionales del transporte por carretera, “imponer una reducción de jornada sin un análisis específico del impacto en sectores como el nuestro puede derivar en una mayor rigidez operativa y en el incremento de costes que muchos no podrán asumir”, en palabras de su gerente, Myriam Otero, para quien esta ley, además, “puede generar importantes dificultades para el tejido empresarial”.

Más conciliador se mostró César Fernández Mosquera, vicepresidente de Acauto, quien adelantaba que “la acataremos, por supuesto, y habrá que intentar obtener más rendimiento de las horas trabajadas”.

El PP habla de “imposición” y Junts hará una enmienda a la totalidad

La reducción de jornada inicia su recorrido parlamentario sin la mayoría garantizada para su aprobación, y entre fuertes críticas del Partido Popular. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ratificó el rechazo de su grupo parlamentario a la reducción de la jornada laboral que aprobará este martes el Consejo de Ministros porque viene desde la “imposición” y no ha tenido en cuenta a la patronal en las negociaciones.

“Creemos que sobre esta propuesta lo que no existe es consenso y que antes de impulsar esta propuesta por parte del Gobierno de España debiera haber trabajado con los agentes sociales en busca de concierto social entre patronal y sindicatos”, aseveró Tellado este martes en una rueda de prensa en el Congreso.

En este sentido, el portavoz popular insistió en argumentar que el PP cree que una reforma de este tipo tiene que contar con el aval del diálogo social .

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, adelantaba de su grupo una enmienda a la totalidad cuando el borrador llegue a la mesa del Congreso de los Diputados porque “estamos en contra de la base de la ley, que es reducir la jornada de forma estructural sin tener en cuenta la opinión de la patronal”, señaló Nogueras, enfatizando que la ley es “inviable”, porque muchas pymes no pueden implantar el nuevo registro horario. “La norma puede ser un buen titular, pero en la práctica puede suponer el cierre de empresas”, dijo la portavoz catalana.