RADIOGRAFÍA DE LA CRIMINALIDAD
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RADIOGRAFÍA DE LA CRIMINALIDAD
La radiografía de la criminalidad en Ourense del Ministerio del Interior muestra una clara polarización en los niveles de eficacia policial, dependiente en su totalidad de la tipología del delito. El cruce entre las infracciones penales denunciadas (hechos conocidos) y aquellas en las que se logra identificar o detener al autor (hechos esclarecidos) arroja una tasa de resolución global que ronda el 43% (promedio de los últimos tres años con datos).
Así, por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieron constancia en 2024 de un total de 9.426 delitos en la provincia, logrando el esclarecimiento en 4.305 casos (45,67%). En 2023, la tasa de resolución se situó en el 44,27% y en 2022 fue del 40%.
La explicación no radica en la capacidad operativa, sino en el reparto del volumen delictivo: la alta efectividad en los delitos contra las personas se ve neutralizada matemáticamente por la acumulación de denuncias telemáticas y delitos patrimoniales, mucho más difíciles de resolver.
El análisis detallado evidencia que los delitos de mayor gravedad penal concentran las tasas de esclarecimiento más altas. En la categoría de delitos contra las personas, la tasa de resolución del último año con datos se sitúa en el 94,69%. Dentro de este apartado, los dos homicidios registrados ese año fueron resueltos (100%). La misma tendencia se observa en los delitos de lesiones (91,05%) y en los delitos contra la libertad sexual, donde se logró identificar al presunto autor en el 85,23% de las denuncias.
En el ámbito de la violencia doméstica, concretamente en los malos tratos en el ámbito familiar, la administración refleja una instrucción policial prácticamente total respecto a las 450 denuncias formalizadas, garantizando la derivación de los casos a los juzgados correspondientes.
Existe un segundo bloque de delitos que eleva los promedios generales debido a su propia naturaleza de detección. Infracciones como el tráfico de drogas (39 casos conocidos y 39 esclarecidos) o los delitos contra la seguridad vial (379 registrados y 368 resueltos) mantienen tasas de eficacia entre el 97% y el 100%. En estos casos, la infracción computa de forma simultánea como “conocida” y “esclarecida”, puesto que no parte de la denuncia de un tercero, sino de la intervención directa de los agentes.
La tasa global desciende hasta el 45% debido al peso del bloque de delitos contra el patrimonio, que agrupa el grueso de la criminalidad de la provincia, incluidos todo tipo de robos y estafas online. De las 6.208 infracciones patrimoniales registradas, se esclarecieron 1.543, lo que representa una media del 24,86%.
La sustracción física y el robo de oportunidad presentan serias limitaciones investigativas por la ausencia de pruebas y testigos. Los hurtos, la segunda infracción más común en Ourense con 1.739 denuncias, alcanzan una tasa de resolución del 30,59%.
Por su parte, los robos con fuerza en viviendas particulares sumaron 349 casos, de los cuales se lograron resolver 78 (22,35%).
La variable que más presiona a la baja los registros de esclarecimiento es la cibercriminalidad. Las estafas informáticas se han situado como el delito de mayor volumen absoluto en Ourense, acumulando 1.842 denuncias. Las dificultades inherentes al rastreo en la red, derivadas del uso de servidores internacionales, encriptación y redes de interposición financiera, limitan la capacidad de resolución de las comisarías locales. De estas casi dos mil denuncias, el sistema policial logró esclarecer 246, dejando la tasa de efectividad en un 13,36%.
Este escenario dibuja un nuevo paradigma para la seguridad ciudadana. Mientras la eficacia de las comisarías y cuarteles mantiene a la provincia como un entorno seguro frente a la delincuencia tradicional y violenta, el gran reto policial se ha trasladado al entorno virtual. Las cifras constatan que el aumento de patrullas o la vigilancia física tienen un impacto casi nulo sobre el fraude telemático, obligando a las fuerzas de seguridad a reforzar las unidades tecnológicas y la prevención ciudadana como primera línea de defensa.
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