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Ley de Memoria Democrática
Antes de que surgiese el Registro Civil en España, la memoria social descansaba absolutamente en manos de la Iglesia. No obstante, un hecho ha reempoderado en este sentido a la institución más antigua de Occidente.
Desde fines de octubre de 2022, de cara a la puesta en vigor de la Ley de Memoria Democrática, el Archivo Diocesano de Ourense ha atendido una media de 48.000 solicitudes, especialmente partidas de bautismo, matrimonio o defunciones, lo que se traduce en aproximadamente 14.750 las peticiones revisadas al año. Hasta hoy, sido y sigue siendo un trienio de trabajo y compromiso, donde la gestión eclesiástica sobrepasa con creces la implicación de las instancias civiles.
Cada día, casi medio centenar de correos inunda la bandeja del email diocesano. Aunque no todos los requerimientos son respondidos satisfactoriamente, -a razón de que en muchas ocasiones se envía información incompleta o imprecisa-, la cifra de respuestas positivas sobrepasa las 3.000 en lo que va de año. Esto, sin duda, califica como una labor titánica, dado que el Archivo Diocesano cuenta solamente con dos auxiliares encargados, y los recursos justos. No hay lucro en ello, sino la convicción de que este servicio es una forma directa y edificante de ejercer el amor al prójimo.
Gracias al accionar caritativo de la Iglesia, solo por la vía ourensana, más de tres millares de personas en Cuba, Venezuela, y Argentina, entre otros países de la región, han podido reencontrarse con sus ríaces, justo en medio del panorama sombrío que vive hoy una Latinoamérica esencialmente precaria y violenta.
Este empeño de la Iglesia rebasa ampliamente lo humanitario. Implica en sí una labor detectivesca: muchas veces se torna extremadamente difícil rastrear la partida bautismal de un ancestro español que nació hace un siglo, o más. Obstaculizan frecuentemente este esfuerzo concienzudo, libros de asentamientos bautismales prácticamente ilegibles, ejemplares que ni siquiera se encuentran en las dependencias del recinto, o simplemente vacíos de información debidos a traslados, inundaciones o incendios. Son las vicisitudes a que se enfrentan los archiveros, instruidos para agotar hasta la última posibilidad de búsqueda. Se trata, y lo tienen muy claro, de una gestión de salvamento.
Cada caso es tan único como los esfuerzos particulares que genera. Unos pueden tomar menos de una hora, y otros, semanas, e incluso meses. Se trata de una labor cuyos pormenores y contratiempos, en la gran mayoría de situaciones, ignoran los solicitantes. Alberto Pérez Zamora, asesor para trámites de Extranjería en Ourense capital, ha destacado sobre este particular: “En el caso específico del archivo eclesiástico de Ourense, el trabajo no puede ser mejor. No solamente me han permitido trabajar en sus fondos para búsquedas particulares, sino que he recibido allí una formación como investigador, dotándome de herramientas y métodos útiles para alcanzar las demandas de los usuarios que confían en mi gestión profesional. El Registro Civil se halla completamente lejos de alcanzar tamaña eficiencia”.
Miles de nombres anónimos duermen hoy el sueño de voluminosos registros. Centenares de miles de nietos esperan a que ese abuelo o bisabuelo español se convierta en la llave de un cambio. Basta con que exista otra prórroga en el futuro cercano para que la Iglesia despliegue otra vez su vocación de servicio.
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