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PLAN COOPEROU
La sesión ordinaria de la Diputación de Ourense del mes de febrero transcurrió sin grandes alardes dialécticos, confirmándose como un trámite administrativo donde el Plan CooperOU 2026 fue el protagonista real de la jornada. Con la aprobación inicial y por unanimidad de este plan, la corporación dio luz verde a un reparto de 19 millones para los concellos de la provincia, lo que supone un millón de euros más que en el ejercicio anterior. Durante el debate, los portavoces se limitaron a marcar posiciones sobre la autoría del fondo: Bernardo Varela (BNG) aceptó la cuantía con cierta resignación, admitiendo que “a todos nos gustaría que fosen máis cartos” pero valorando que cada concello pueda priorizar sus necesidades. Por su parte, el socialista Álvaro Vila reivindicó el papel de su grupo como “responsables” de este aumento presupuestario y de la mayor autonomía municipal que otorga el sistema de justificación de gastos. El presidente Luis Menor cerró el punto con tono institucional, calificando el plan de “histórico e irreversible” y celebrando un clima de consenso para un programa que reparte fondos mediante una parte fija y otra variable basada en población, núcleos, envejecimiento y superficie.
En el apartado de mociones, el pleno volvió momentáneamente al acuerdo para aprobar un plan de choque por los daños de las lluvias recientes, tras alertar el PSOE de que el 80% de los cultivos de cereal se han perdido en comarcas como A Limia debido al tren de borrascas.
También hubo consenso para defender el PP el termalismo terapéutico frente a la normativa estatal, aunque este punto se aprovechó para airear las diferencias con la capital. Luis Menor arremetió con dureza contra el representante de Democracia Ourensana, Rafa Cachafeiro, recriminándole que mientras balnearios provinciales como Arnoia generan riqueza y empleo todo el año, el Concello de la ciudad mantiene cerradas instalaciones emblemáticas como la piscina de As Burgas. Por el contrario, Cachafeiro acusó a la Diputación de dar dinero público “de forma grosera” a este sector.
La sesión terminó de enfriarse con el rechazo del PP a la planta de residuos en Monterrei -que el PSOE tildó de “agravio territorial”- y la toma de posesión de las nuevas diputadas socialistas, Susana Rodríguez y Eva María Pérez Gamote, cerrando una jornada que destacó más por el reparto de fondos y los dardos cruzados que por la profundidad del debate político.
Más allá de los grandes planes económicos y los choques políticos, el pleno resolvió diversos asuntos de gestión interna y organización provincial. En el ámbito normativo, se aprobó de forma inicial la Ordenanza fiscal del servicio de recogida de animales abandonados, la cual incluye una actualización en el proceso de liquidación de las tasas por el uso de este servicio. Asimismo, la corporación procedió a la actualización y rectificación del inventario de bienes y derechos de la institución a fecha de 31 de diciembre de 2025, un patrimonio que alcanza actualmente un valor cercano a los 1.871 millones de euros.
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