Los médicos reclaman que las altas laborales respondan solo a criterios clínicos
77,68 DÍAS DE BAJA
Los facultativos niegan un abuso generalizado de las bajas y piden valorar cada caso de manera individual
Las bajas laborales finalizadas en Ourense durante los cuatro primeros meses del año duraron una media de 77,68 días, casi diez más que en 2025. El número de nuevos procesos, sin embargo, apenas ha variado y se mantiene alrededor del centenar diario. Como posibles causas, los médicos apuntan a una combinación de patologías de larga duración y demoras concretas para completar el diagnóstico, el tratamiento o la rehabilitación.
Sandra Vílchez, facultativa de Atención Primaria en Verín y vicesecretaria del Colegio Oficial de Médicos de Ourense, rechaza que esta evolución pueda atribuirse a un fraude generalizado. “Hay casos puntuales, evidentemente, como puede suceder con cualquier prestación pública, pero la inmensa mayoría de las bajas que vemos responde a problemas de salud reales”. Presentar la situación como un abuso masivo, sostiene, “simplifica mucho una realidad más compleja” y genera desconfianza hacia pacientes y médicos.
En este contexto, las patologías musculoesqueléticas concentran una parte importante de las incapacidades, mientras la salud mental gana peso. “Vemos lumbalgias, hernias y lesiones articulares, pero también están teniendo cada vez mayor presencia la depresión, la ansiedad y el estrés”, indica.
Además, Vílchez explica que la duración de una baja tampoco depende únicamente del diagnóstico. Una misma lumbalgia puede obligar a parar a un albañil y no impedir que un empleado de oficina continúe trabajando. “Con la misma patología podemos tomar decisiones diferentes, porque las circunstancias de cada paciente son distintas”, indica. Los médicos valoran la capacidad funcional, el riesgo de mantener la actividad, las exigencias profesionales y la posibilidad de adaptar temporalmente el puesto.
Este asunto está en el centro de la polémica sobre los incentivos y objetivos vinculados a los tiempos de incapacidad. La médica defiende que ningún indicador administrativo debe sustituir a la evaluación facultativa. “Los pacientes deben tener la certeza de que estas decisiones responden exclusivamente a criterios médicos”, advierte. De lo contrario, considera que puede deteriorarse una confianza esencial para conocer la situación del enfermo y seguir su evolución.
La valoración resulta especialmente compleja en salud mental, donde no siempre existe una prueba que mida de forma inmediata la limitación. “Necesitamos tiempo para escuchar al paciente, valorar bien su situación y hacer un seguimiento correcto”, señala.
Los desacuerdos, además, se producen en ambos sentidos. Junto a quienes solicitan una baja no justificada, hay trabajadores que se resisten a parar. “Hay personas que deberían hacerlo y se niegan por miedo a las consecuencias económicas, laborales o profesionales”. Sucede especialmente con autónomos o empleados que no quieren perjudicar a sus compañeros o a la empresa en momentos de elevada carga de trabajo.
Vílchez incluye también entre los factores que pueden prolongar algunos procesos la espera para una prueba, un especialista, una operación o rehabilitación. Aunque los balances del Sergas reflejan en Ourense tiempos medios inferiores a los estatales, esas cifras no excluyen demoras concretas ni la acumulación de varias fases asistenciales.
Por último, la médica valora que las mutuas puedan adelantar pruebas o tratamientos como complemento del sistema público, y reclama una mayor coordinación entre todos los implicados. El objetivo, defiende, debe ser evitar tanto las altas prematuras como las bajas que se prolongan más de lo necesario.
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