Los planes de prevención de los concellos, bajo la lupa de la Fiscalía

Los concellos en los que la aparición de incendios es más frecuente están obligados a contar con planes de prevención para evitarlos y minimizar los efectos destructivos de las llamas y de esta forma proteger vidas, propiedades y el medio ambiente mediante la anticipación y el control de los riesgos. Los consistorios deben implementar medidas para reducir la probabilidad de ignición, controlar la propagación del fuego y asegurar una evacuación segura.

La obligatoridad viene recogida en la Ley de Montes de 2003, modificada por Real Decreto en septiembre de 2022, involucrando a las comunidades autónomas en este cometido.

Esta misma semana, el fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, en una comunicación remitida a todos los delegados, cree que, “a la vista de la situación desastrosa” de este mes”, la oleada incendiaria “es debida a la ausencia o, en su caso, a una aplicación improcedente de los planes de prevención”. De lo contrario, añade, “no se explica lo qué está pasando”. Por este motivo, insta a los responsables del Ministerio Público a que recaben información de los concellos más castigados.

La fiscal de Medio Ambiente de Ourense, Carmen Eiró, confirmó a este diario que incoará diligencias de investigación para determinar si en los concellos ourensanos existían planes de prevención y si estaban actualizados. Podrían exigirse responsabilidades penales en aquellos casos que teniendo la obligación de elaborar un plan no lo hayan hecho. En caso de que la situación analizada no fuese delictiva, hay la opción de dar traslado a la administración autonómica por si cabe sanción.

Ya en julio de 2018, la Dirección General de Desarrollo Rural , a petición de la Fiscalía General del Estado, emitió un informe con los municipios de dos provincias gallegas y una parte importante de las provincias del arco mediterráneo en el que se habían producido un importante número de siniestros relacionados con el fuego en el decenio 2006-2025. En ese documento aparecen 151 poblaciones de cinco comunidades autónomas en las que había más riesgos y habían sido en años anteriores afectados de forma recurrente con anterioridad. Quedaron reseñados municipios como Manzaneda, Viana, Cualedro, Chadrexa, Carballeda de Valdeorras, A Gudiña, Vilariño de Conso, Lobios, Laza y A Mezquita. A raíz de ese informe, se ofició a los alcaldes para que informasen si habían elaborado el correspondiente plan de prevención.

La investigación de los miembros de la carrera fiscal demostró que la mayoría carecía de planes o no estaban actualizados.

Posteriormente, en el año 2024, la Fiscalía, ante un panorama de sequía recurrente, las altas temperaturas y la falta de limpieza de los montes, retomó el tema para revisar el grado de cumplimiento por parte de los consistorios o entidades obligadas y se instó a los fiscales de Medio Ambiente para que procediera a realizar una campaña de verificación.

En marzo de 2025, la Consellería de Medio Rural, con motivo de la renovación con la Federación Galega de Municipios y Provincias en materia de prevención de incendios, aseguraba que había planes antiincendios en ocho de cada diez ayuntamientos gallegos: 260 concellos(no especificaba por provincias).

Alta actividad incendiaria en nueve concellos

La provincia de Ourense comenzó el verano con nueve concellos con parroquias con alta actividad incendiaria (PAAI), o lo que es lo mismo, 17 áreas que acumulan una media de siete fuegos o más en el último lustro o que han sufrido dos incendios o más superiores a 200 hectáreas en los últimos diez años. El Plan de Prevención de Incendios de la Xunta (Pladiga 2025) incluye Cualedro, A Gudiña, A Mezquita, Oímbra, Vilariño de Conso, Calvos de Randín, Muíños, Chandrexa de Queixa y Cualedro.