El temor a las nuevas sanciones aceleran los desbroces en el rural de Ourense

Con la llegada de la primavera y la larga tregua de lluvias, la cuenta atrás para la campaña de prevención de incendios forestales ha comenzado en Ourense. El próximo 31 de mayo finaliza el plazo legal para que los propietarios limpien los márgenes de seguridad de 50 metros estipulados alrededor de los núcleos de población y viviendas aisladas, que se deberán de cumplir con obligatoriedad -bajo amenaza de multas- por lo que las empresas de desbroce de la provincia ya se están preparando para un aumento de trabajo en esta temporada ante la mayor concienciación.

Tras la oleada de incendios del pasado verano, la Xunta de Galicia ha endurecido la normativa, anunciando sanciones para los concellos que la incumplan, lo que ha puesto en alerta tanto a las administraciones locales, como a los particulares y a las empresas de desbroce de la provincia, que ya calientan motores para lo que prevén será una temporada intensa.

Para asegurar el cumplimiento de esta barrera contra los incendios, el Gobierno gallego sancionará a los ayuntamientos que no limpien estas áreas, reteniendo la cuantía equivalente a las ejecuciones subsidiarias directamente del Fondo de Cooperación Local.

La medida afecta de lleno a los municipios gallegos de más de 10.000 habitantes, lo que en la provincia ourensana implica directamente a O Barco de Valdeorras, Barbadás, O Carballiño, Verín, Xinzo de Limia, además de la propia ciudad.

La gente ha empezado a llamar más y hemos notado más trabajo, hemos tenido incluso que incrementar el personal

Ante este panorama normativo, el sector privado del desbroce se convierte en un actor fundamental en el territorio. Sin embargo, el ritmo de contrataciones por parte de los particulares en estos primeros compases de la primavera está siendo desigual, dividido entre quienes se adelantan por miedo al fuego y quienes apuran los plazos al máximo, aunque en el cómputo total prevén un gran aumento con respecto al año pasado, cuando no estaban estas sanciones sobre la mesa.

Así a todo, las empresas del sector indican que por el momento la campaña aún está en sus momentos de “pretemporada” y que aún falta un mes para entrar de lleno en ella. “El límite es a finales de mayo, es raro que hasta ese momento se quiera desbrozar, si no se tiene que hacer dos veces”, señalaron desde Desbroces Ourense, que resaltaron también que por el momento apenas están teniendo demanda en Galicia, viéndose obligados a realizar trabajos fuera: “Ahora mismo estamos en Zamora, los particulares en Ourense no se ven muy preocupados de momento”.

Por su parte, en la empresa Desbroces Amoeiro aseguran estar trabajando a un ritmo frenético desde finales de febrero. “La verdad que la gente ha empezado a llamar más y hemos notado un incremento en el trabajo, hemos tenido incluso que incrementar el personal”, explican. Según sus estimaciones, el volumen de actividad ha crecido “un 25 o 30% más” respecto al año pasado, impulsado, según reconocen, por el impacto de los graves incendios del último verano.

No obstante, esta proactividad se deja notar especialmente en el rural, contrastando fuertemente con el entorno concello de Ourense, donde brilla la dejadez en las zonas más próximas a la ciudad: “Lo que es la zona ciudad sigue lo mismo, pasan de todo, y ya se ve como está, que tenemos los jabalís caminando por todos lados, es un escándalo”.

La sensación general de las empresas es que, más allá de los particulares, los concellos del rural están tomando acción y previsión con mucho más tiempo de lo habitual hasta ahora. “Los concellos ya llevan sobre un mes preocupados y han empezado a movilizarse”, indicaron desde Desbroces IGC.

Para facilitar el cumplimiento de la ley, la Consellería de Medio Rural ha firmado un nuevo convenio con la empresa pública Seaga para la gestión de la biomasa de cara a este 2026. La conselleira María José Gómez confirmó que la inversión destinada a estas tareas se duplica hasta alcanzar los 25 millones de euros anuales. El acuerdo incrementa también el número de parroquias priorizadas (zonas de actuación preferente por ser de mayor riesgo) en Galicia, que pasan de 157 a 276.