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INCENDIOS EN OURENSE
La Audiencia de Ourense acoge uno de los juicios medioambientales más complejos de los últimos años si no es posible cerrar un acuerdo con la Fiscalía el próximo 28 de mayo. Este mes se celebrará la vista preliminar contra tres hombres acusados de arrasar diversas zonas de Red Natura en el Macizo Central durante los veranos de 2021 y 2022. En total, seis incendios forestales. Mientras la Fiscalía exige importantes penas de prisión que alcanzan los seis años para dos de ellos y señala la participación de un exmiembro de la Brigada de Extinción de Incendios del Concello de Trives en uno de los fuegos, los informes de la Xunta despojan a los ataques de cualquier motivación económica o trama compleja para reducirlos a su esencia más destructiva: el puro vandalismo.
El relato elaborado por la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) sobre el terreno es minucioso. Para entender el modus operandi de los acusados hay que situarse en la madrugada del 25 de agosto de 2021, en el lugar de Acebedo (Chandrexa de Queixa). A las 00,04 horas, amparados por la oscuridad, los incendiarios no necesitaron adentrarse en el monte ni utilizar sofisticados retardantes o acelerantes químicos. Los investigadores localizaron dos puntos de inicio separados por apenas 37 metros, situados en el talud superior de la carretera que une Chandrexa con Castro Caldelas, a unos escasos 140 y 150 centímetros de la cuneta. Bastó la llama de una fuente de calor exterior, presumiblemente un mechero o similar, para desencadenar el desastre.
Los autores sabían perfectamente lo que hacían y cuándo hacerlo. Aquella noche, el viento soplaba de componente sureste y la maleza estaba reseca. Con un solo gesto desde el asfalto, lograron que el fuego devorara más de una hectárea de monte. La impunidad con la que actuaban era tal que, esa misma noche, apenas a las 02,30 horas y con los medios de extinción volcados en sofocar el primer foco, un segundo incendio calcado prendía a escasos kilómetros, en la localidad de Santa Cruz.
Pero este ataque doble no fue un hecho aislado, sino parte de un recorrido sistemático detallado en el escrito de acusación del Ministerio Público. Utilizando un vehículo Ford Focus para sus desplazamientos, el periplo incendiario atribuido a dos de los acusados —Sergio R.R. y David B.C.— habría comenzado días antes, el 18 de agosto, en San Martiño de Manzaneda, para saltar el día 23 a San Xoán de Río. Tras la tregua del invierno, la actividad vandálica reapareció a finales de agosto de 2022, calcinando 12 hectáreas en San Xoán de Barrio y registrando un último ataque el día 31 en A Somoza (Trives). Es en este último fuego donde la fiscal sitúa la entrada en escena del tercer acusado, Jonathan G.G., quien presuntamente actuó de común acuerdo con los otros dos procesados, siendo en aquel momento trabajador forestal en Trives durante la campaña de verano.
Por este reguero de destrucción, calificado como un delito continuado de incendio forestal, la fiscal reclama seis años de cárcel y multas para Sergio y David, mientras que para el exbrigadista solicita cuatro años de prisión y otra multa. A las penas privativas de libertad, que ya sufrieron al pasar varios meses en prisión provisional entre septiembre de 2022 y mediados de 2023, se suma la responsabilidad civil. Los dos primeros deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la Xunta con 49.118,96 euros, mientras que Jonathan se enfrentará al pago de 5.004,65 euros por los gastos de extinción.
La defensa de Jonathan G.G. sostiene que las intervenciones telefónicas que permitieron vertebrar la investigación son nulas, al considerar que vulneraron el derecho al secreto de las comunicaciones. El letrado Juan Carlos González argumenta que la juez autorizó dichos pinchazos basándose en “meras sospechas” policiales.
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