El Gobierno quiere blindar por ley la sanidad pública

La ministra de Sanidad, Mónica García, denunció que la colaboración público-privada en la sanidad se convirtió en “estructural y erosiona ya la capacidad del sistema público”, tras constatar que el gasto público en hospitales privados del Sistema Nacional de Salud (SNS) se incrementó un 84,6% entre 2011 y 2023.

García anunció que el Gobierno pretende derogar la Ley 15/1997, priorizar la gestión pública directa de los servicios sanitarios y limitar la entrada de empresas con ánimo de lucro mediante una Ley de Gestión Pública y de Integridad del SNS, que no busca eliminar la colaboración privada, sino los “desmanes”.

La ministra presentó el Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el SNS, que concluye que la colaboración privada ha pasado de ser un “recurso excepcional” a una “práctica estructural”, desviando parte del presupuesto público a empresas “cuya lógica responde al beneficio, no al interés general”.

El informe refleja problemas como la disminución de plantillas, menor acceso a colectivos vulnerables, aumento de infecciones hospitalarias por privatización de servicios de lavandería, sobrecostes, escasa trazabilidad en facturación y fragmentación asistencial. García señaló que “el Sistema Nacional de Salud en la última década ha crecido por la vía de los hospitales de gestión privada que tienen financiación pública”.

Respecto al Hospital de Torrejón, la ministra alertó que hay siete hospitales con el mismo modelo “sustitutorio”, que reemplazan parcial o totalmente la atención de un hospital público. Explicó que “el sistema sanitario, también el privado, descansa sobre la financiación pública”, y que los procedimientos más complejos y costosos, como trasplantes o atención a neonatos de bajo peso, se atienden “al 100% en la pública”.

Crecimiento de seguros

García subrayó que la sanidad privada se usa sobre todo en “consultas puntuales de atención especializada”, mientras que la sanidad pública mantiene el seguimiento de la mayoría de las patologías. Señaló que los seguros médicos privados crecieron casi un 90% desde 2018, alcanzando el 32,6% de la población en 2024, con incrementos especialmente altos en Extremadura, Ceuta, Cantabria y Comunidad Valenciana.

La ministra criticó que el aumento de la gestión privada generó desigualdades en el sistema y advirtió que los hospitales privados dependen en gran medida del presupuesto público. Subrayó que el informe pretende ser “no solamente un diagnóstico, sino también una hoja de ruta” para proteger y blindar la sanidad pública, priorizando criterios sanitarios sobre los económicos, y aseguró que la futura ley garantizará que “nadie sea capaz de anteponer los criterios económicos por encima de la salud de la población”.

García destacó además que la internalización de los servicios privados podría haber supuesto ahorros significativos, de entre el 15% y el 80% según el tipo de procedimiento, y advirtió que la Comunidad de Madrid lidera el crecimiento de la gestión privada en sanidad.

Ayuso critica que se catalogue de “escándalo” el caso de Torrejón

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó que se intente elevar a “escándalo europeo” el caso del Hospital de Torrejón, acusando de utilizarlo como “una causa política” mientras no se habla de la sanidad en otras comunidades con más listas de espera.

Desde las obras de ampliación de la L11 de Metro de Madrid, Ayuso censuró que “solo importe” la sanidad de las regiones gobernadas por el PP y subrayó que “en el caso de Torrejón entendería que se elevará a escándalo europeo si hubiera habido negligencias médicas como en otros hospitales o listas de espera como en otras zonas”, mencionando Castilla-La Mancha, Ceuta, Melilla y Cataluña.

La presidenta regional hizo referencia al segundo informe de la Consejería de Sanidad que concluye que “no se ha puesto en ningún momento en juego la seguridad del paciente, ni la calidad asistencial, que son correctas”, y destacó que se trata de técnicos funcionarios independientes que hacen su trabajo con rigor.

Ayuso reprochó que se busque prolongar el asunto hasta fines políticos: “dé igual lo que digan funcionarios o pacientes, a lo mejor hasta que acaben las elecciones en Extremadura o con qué otro interés”, y criticó que no haya la misma atención a la sanidad de otras zonas como Melilla, que enfrenta una huelga de cuatro días, dependiente del Gobierno central y de la ministra Mónica García.