Sin carné y con una moto robada por San Cibrao das Viñas: la oculta, socorre a la víctima y confiesa semanas después
ACCIDENTE DE TRÁFICO
El Ministerio Público no imputa ningún delito por el grave accidente porque la víctima, según la Guardia Civil, caminaba sin chaleco reflectante y por el centro de la calzada, por lo que descarta una negligencia grave
Un siniestro de tráfico ocurrido en el municipio de San Cibrao das Viñas en el verano de 2023 y originado supuestamente tras el hurto de una moto llegará finalmente a juicio el 23 de febrero del año que viene tras fracasar ayer la opción de la conformidad entre las partes en la audiencia preliminar celebrada en la Sección Penal (plaza 2) de Ourense.
El proceso judicial estará marcado inexorablemente por una trágica ausencia: la víctima del atropello, quien falleció en junio de 2025 a los 56 años a causa de dolencias ajenas al accidente. La mujer pereció sin llegar a ver sentado en el banquillo a la persona que supuestamente la arrolló y que la obligó a someterse a complejas cirugías traumatológicas.
Los hechos que ahora se juzgarán se remontan a la noche del 20 de junio de 2023. Alrededor de las once y media de la noche, el acusado, Agustín R.R., se acercó a la terraza de la cafetería Casa Cid, donde un cliente había dejado las llaves de su motocicleta sobre la mesa. Con la insólita excusa verbal de que iba a sentarse en ella, el investigado, según las acusaciones, tomó las llaves y, pese a que nunca en su vida había obtenido el permiso de conducir, arrancó el vehículo y abandonó el lugar.
Apenas veinte minutos después, el conductor arrolló a una mujer, que en ese momento transitaba por la calzada, ocurriendo el impacto concretamente a la altura del punto kilométrico 0,400 de la carretera OU-105, en la zona de A Veiga, perteneciente al término municipal de San Cibrao das Viñas.
A consecuencia de este atropello, la víctima sufrió policontusiones, traumatismo craneal y una fractura de tibia y peroné que requirió ingreso en el Complexo Hospitalario de Ourense y una intervención quirúrgica con anestesia intradural para la colocación de placas y tornillos, enfrentándose posteriormente a un arduo proceso de inmovilización y rehabilitación ambulatoria.
Las partes acusadoras en este procedimiento penal discrepan. El Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, acusa a Agustín de un delito de robo de uso de vehículo a motor en concurso ideal con un delito de conducción sin permiso, pero omite cualquier referencia penal a las lesiones causadas a la mujer, solicitando para el procesado únicamente el pago de 21 meses de multa a razón de 9 euros diarios. La Guardia Civil sostiene que la lesionada había ingerido alcohol (no se le realizó prueba alguna que lo confirme) y caminaba sin chaleco por el centro de la calzada. El Ministerio Fiscal, por ese motivo, exime al inculpado de las lesiones que padeció la víctima del arrollamiento.
Tres años y medio de cárcel
Por el contrario, la acusación particular califica el atropello como constitutivos de un delito de lesiones por imprudencia grave en concurso con un delito contra la seguridad vial, exigiendo una condena de tres años y seis meses de prisión en total, junto con la privación del derecho a conducir por tres años, tal como expone el abogado Benjamín Caramés en su escrito provisional.
Además, la representación legal de la fallecida reclama a la compañía aseguradora del vehículo, en calidad de responsable civil directa, una indemnización de 30.692 euros por las secuelas funcionales y estéticas, la pérdida de calidad de vida y los daños morales que padeció la víctima hasta el momento de su muerte. Para asegurar estas responsabilidades pecuniarias, el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense dictó el auto de apertura de juicio oral a principios de 2025, imponiendo la prestación de una fianza conjunta de más de 40.000 euros.
El investigado se autoinculpó pero no había abogado
La defensa del acusado intenta aprovechar una grieta legal para solicitar la nulidad de todo el proceso, aferrándose a un error de forma durante la investigación. Tras el impacto, Agustín maniobró para esconder la motocicleta sustraída, pero en lugar de darse a la fuga, optó por quedarse y socorrer a la víctima malherida, según las acusaciones. Semanas después, el el investigado acudió a testificar ante la Guardia Civil y se autoinculpó del atropello. Sin embargo, realizó esta confesión sin la presencia de un abogado.
Esta declaración sin asistencia letrada es el argumento central de su abogado para pedir que se anule la causa por indefensión. La resolución a este conflicto jurídico se mantendrá en vilo hasta el final del juicio: durante la vista preliminar celebrada ayer, la jueza declinó pronunciarse sobre esta cuestión previa y determinó que será en la propia sentencia donde resuelva si invalida o no el procedimiento.
La letrada de la compañía aseguradora Reale invocó la falta de legitimación activa de la acusación particular -también lo plantea la defensa del inculpado- e impugnó un vídeo del bar Cid, aportado por la defensa, con el que pretende demostrar que cogió la moto con permiso del propietario
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