Andorra considera como prostitución pedir y pagar contenido sexual online

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Desde Andorra prevén sanciones para el consumidor y penas de prisión de hasta 5 años

La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné.
La ministra de Justicia e Interior, Ester Molné. | Europa Press

Andorra considerará prostitución los actos sexuales a distancia por Internet o medios telemáticos con interacción y remuneración, como el consumo de contenido en plataformas como OnlyFans, según una reforma del Código Penal presentada por la ministra Ester Molné. La modificación busca adaptar la ley a las nuevas formas de criminalidad digital y responde a la necesidad de garantizar una respuesta “adecuada, proporcional y coherente” ante la evolución tecnológica y del delito.

La reforma prevé sanciones administrativas para los consumidores y penas de prisión de entre 2 y 5 años en casos de proxenetismo, además de entre 3 meses y 3 años por favorecimiento, junto a medidas contra la difusión no consentida de imágenes sexuales o manipuladas. También se castigará el envío de material sexual sin consentimiento, considerado ahora como acoso sexual, y se incorporan agravantes cuando los delitos se cometen mediante tecnologías de la información, así como la inclusión de la incitación al odio dentro de los delitos de discriminación.

En materia de protección de menores, se eleva la edad de consentimiento sexual de 14 a 16 años para reforzar la protección frente a posibles situaciones de “abuso o manipulación”, manteniendo una excepción en relaciones entre jóvenes con una diferencia de edad inferior a cinco años. Además, se tipifica como pornografía infantil el material que represente a menores en conductas sexuales reales o simuladas, con penas de hasta 4 años de prisión, y se penaliza la asistencia a espectáculos con menores o personas con discapacidad en este tipo de contenidos.

La reforma incorpora también la tipificación de la corrupción en el sector privado, amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas y busca adaptar el Código Penal a estándares internacionales, como el Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción.

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