Las comunidades del PP, contra el Ejecutivo por las normas del lobo

Galicia y otras trece comunidades autónomas iniciarán acciones judiciales contra el Gobierno por no remitir a tiempo a la Comisión Europea los informes sobre el estado de conservación de especies protegidas, entre ellas el lobo ibérico. Las regiones denuncian que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no convocó la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente pese a haber sido solicitada en varias ocasiones.

Las autonomías consideran que el Ejecutivo incumple tanto la normativa española como la europea, ya que el plazo para enviar el informe finalizó en julio de 2025. El primer intento de aprobar el documento se produjo el 16 de julio de 2025, cuando la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad elaboró una propuesta para elevarla a la Conferencia Sectorial. Sin embargo, la reunión prevista para el 22 de julio fue cancelada por el Ministerio un día antes “sin justificación”, según la Junta.

Posteriormente, comunidades como Castilla y León, Andalucía, Cantabria, Madrid, Aragón, Murcia o Comunidad Valenciana, junto a Ceuta y Melilla, solicitaron formalmente una convocatoria extraordinaria para abordar el asunto. El Ministerio rechazó esas peticiones, lo que ya derivó en recursos judiciales aún pendientes de resolución. Más tarde se sumó Canarias y todas ellas volvieron a reclamar una reunión urgente el pasado 5 de mayo.

Las autonomías defienden que el Gobierno español está obligado, al igual que el resto de países miembros, a informar cada seis años a la Comisión Europea sobre el estado de conservación de las especies protegidas. Por ello, consideran que la falta de convocatoria pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones legales de España en materia de biodiversidad y patrimonio natural.

El Ministerio argumentó en distintas ocasiones que los incendios registrados en 2025 podrían afectar al contenido del informe, aunque las comunidades recuerdan que el documento analiza exclusivamente el periodo 2019-2024. El último motivo esgrimido por Transición Ecológica apunta a que la Unión Europea exigiría la existencia de 500 manadas de lobo en España para considerar favorable el estado de conservación de la especie, frente a las 333 actuales. Las comunidades rechazan este criterio y aseguran que Bruselas nunca fijó oficialmente esa cifra.