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La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Esther Rojo, aclaró que “no toda la protección de las mujeres víctimas de violencia de género pivota en torno a las pulseras telemáticas”. Señaló que estos dispositivos funcionan como una medida adicional a penas, órdenes de protección o reglas de conducta, y que la seguridad también depende de la labor de Policía y Guardia Civil, que controlan el alejamiento del agresor. Además, insistió en que los dispositivos no reemplazan la supervisión judicial ni las medidas cautelares, sino que refuerzan la protección existente.
A 1 de diciembre de 2025, había 4.472 dispositivos activos y, según Rojo, no se constan mujeres asesinadas usando las pulseras. Son un instrumento eficaz y disuasorio para el infractor, y su implantación depende de la valoración del juez en cada caso. Rojo subrayó que los brazaletes son un elemento fundamental de prevención y permiten un seguimiento en tiempo real del agresor, aumentando la rapidez de la respuesta policial.
La gestión de los dispositivos corresponde a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, mientras que el Observatorio recibe quejas o disfunciones para trasladarlas. Las comisiones provinciales de coordinación permiten registrar incidencias y buscar soluciones conjuntas. Actualmente, no se constan fallos graves, y los dispositivos salvan vidas y ofrecen seguridad real, reforzando la protección judicial.
Rojo subrayó la importancia de formación continua de los operadores y la actualización periódica de la tecnología. Visitó el Centro Cometa, donde comprobó la labor extraordinaria de los operadores, que trabajan 24 horas, 7 días a la semana. Destacó la coordinación entre operadores y la atención continua a las usuarias, así como la supervisión indirecta mediante informes de jueces y comisiones para detectar y solucionar incidencias rápidamente.
Finalmente, enfatizó que los dispositivos telemáticos representan un avance relevante en la protección de las mujeres, contribuyen a prevenir situaciones de riesgo grave y refuerzan la confianza de las víctimas en el sistema judicial y de seguridad. Además, son un complemento que permite evaluar la efectividad de otras medidas y mejorar la coordinación institucional.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Esther Rojo, recordó que los órganos judiciales solo pueden acordar medidas de protección si conocen los hechos, lo que hace necesaria la denuncia. Animó a las mujeres a acudir a comisarías, cuarteles o juzgados de guardia para denunciar cualquier situación de violencia, pese al miedo, la preocupación o la vergüenza.
Rojo destacó que, desde la Ley Integral de Violencia de Género de 2004, se han dado “pasos de gigante”, aunque lamentó que en 2025 ya son 42 mujeres asesinadas por violencia de género. Considera que, pese a la gravedad de los datos, el avance de la sociedad y de las instituciones es positivo. Para seguir progresando, propone reforzar la prevención en escuelas e institutos, impulsar campañas de sensibilización, reconocer la labor de los medios de comunicación y fomentar la implicación de toda la sociedad en la detección y denuncia de situaciones de riesgo.
Asimismo, Rojo, que asumió el cargo en noviembre de 2025, señaló que seguirá muy de cerca la actividad de los juzgados de violencia sobre la mujer y las secciones especializadas de las audiencias provinciales, debido al aumento de competencias tras la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Destacó la necesidad de vigilar la carga de trabajo de estos juzgados y apoyar a jueces y magistrados desde el Observatorio. Consideró “absolutamente positivo” el trabajo de estos tribunales, que ofrecen a las denunciantes una respuesta ágil y adoptan todas las medidas de protección necesarias.
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