El Gobierno abre un expediente sancionador a una promotora de festivales por prácticas abusivas

A FAVOR DE LOS USUARIOS

Acciones como la prohibición de entrar con comida o bebida en el recinto de sus conciertos, el uso obligatorio de pulseras cashless y el cobro por salir y entrar del recinto de los festivales, provocan que el Gobierno abra un expediente sancionador a una gran promotora

Numeroso público disfruta de un festival de música. | Jesús Hellín / Europa Press

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador, este lunes, contra una “gran promotora de festivales de música” por posibles cláusulas y prácticas abusivas en sus eventos.

Prácticas hasta ahora habituales en muchos festivales de música, como la prohibición de ingresar con comida o bebida del exterior, la imposibilidad de entrar y salir libremente sin pagar un extra, o el uso exclusivo de pulseras cashless, podrían tener los días contados.

Entre las situaciones más denunciadas e investigadas se encuentran los registros a los asistentes antes de entrar, denegándoles el acceso si llevan alimentos o bebidas. También es común que no se permita salir del recinto para volver a entrar sin pagar un suplemento, una condición que muchos consideran arbitraria.

Otra práctica extendida es el uso exclusivo de sistemas de pago cashless, mediante pulseras que deben ser recargadas previamente. La dificultad para obtener reembolsos tras el evento ha sido motivo de quejas por parte del público en numerosas ocasiones.

Prácticas abusivas

Según señala Consumo, de constatarse, serían prácticas abusivas en tanto en cuanto supondrían una infracción del artículo 47.1.j del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y en caso de ser calificadas como infracciones muy graves serían penalizadas con multas de entre 100.001 euros y 1 millón de euros

Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emitido un comunicado en el que celebra la apertura del expediente y reclama una normativa nacional clara y homogénea que proteja los derechos de los asistentes a estos eventos.

“Hoy por hoy, salvo en el caso de Asturias, la legislación autonómica es permisiva y generalmente favorable a los intereses de los promotores de festivales de música al aire libre”, advierte la OCU, subrayando además la necesidad de establecer compensaciones automáticas en caso de malas prácticas.