La Guardia Civil desarma una red de abuso animal

La Guardia Civil puso a disposición judicial a 20 personas en el marco de la “operación Goscan” por comercializar perros con amputaciones ilegales de orejas y rabo por toda España. En total, los agentes detuvieron a 14 implicados e investigan a otros seis por la presunta comisión de delitos contra los animales, intrusismo profesional y falsedad documental. La red practicaba o facilitaba amputaciones estéticas mediante el uso de documentación falsificada para simular que las intervenciones se habían realizado de forma legal. La trama operaba en múltiples puntos del territorio nacional y mantenía además una vertiente internacional que incluía la exportación de ejemplares a México.

El origen de la investigación se sitúa en Cáceres, donde un mastín italiano ingresó en un hospital veterinario. Durante la atención, el personal médico detectó cortes recientes en orejas y rabo. Al ser interrogado, el dueño aportó un certificado que ubicaba la intervención en Rusia —país donde estas cirugías son legales—, pero los agentes confirmaron que el certificado era falso y buscaba eludir la normativa española.

Las pesquisas condujeron a la Guardia Civil hasta un criadero en Alicante. En una primera fase fueron arrestados el propietario del perro y los dos gestores de la instalación. Posteriormente, las indagaciones destaparon un entramado superior liderado por la titular del criadero, su pareja y una amiga de ambos.

La organización acordaba los cortes estéticos directamente con los compradores. Junto a los animales, entregaban papeles falsos y enviaban vídeos explicativos sobre cómo curar las heridas de las intervenciones. Los agentes constataron que tanto vendedores como compradores conocían la ilegalidad de las cirugías; por ello, seis compradores están investigados penalmente y otros nueve fueron detenidos tras someter a las mascotas a amputaciones por iniciativa propia.

Entre los arrestados figura un veterinario colegiado que colaboraba facilitando pasaportes en blanco firmados y sellados, que la cabecilla rellenaba a conveniencia. Asimismo, se comprobó que la propia responsable implantaba microchips a los cachorros sin poseer la titulación necesaria.