Por qué los países europeos no tienen más remedio que aumentar la edad de jubilación: el caso de España

Los diputados socialistas declararon la victoria. Los empresarios franceses se quejaron. El índice bursátil S&P rebajó la calificación crediticia de Francia, citando preocupaciones presupuestarias.

Dado que Francia ha pospuesto las inevitables reformas al menos dos años y que muchos países europeos se enfrentan a sus propias crisis de pensiones, vale la pena analizar cómo diseñar reformas de pensiones que sean sostenibles, equitativas y políticamente viables.

Unos sistemas desconectados de la realidad actual

Una característica llamativa del debate sobre la reforma de las pensiones en Europa es lo bien comprendidos y ampliamente documentados que están sus problemas fundamentales. La población europea está envejeciendo. La tasa de natalidad está disminuyendo. La esperanza de vida es cada vez mayor. Cada vez son menos las personas que contribuyen a financiar los sistemas públicos, de los que cada vez más personas obtienen dinero durante períodos de tiempo más largos. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos están reduciendo la proporción de los ingresos laborales en el producto interior bruto.

Dado que la mayoría de los sistemas de reparto de Europa se diseñaron cuando la demografía era completamente diferente, deben ajustarse para reflejar la realidad actual. Aceptamos esto en otros ámbitos, como la educación, donde rezonificamos los distritos escolares y recortamos la construcción de nuevas escuelas para reflejar el menor número de niños en nuestros barrios. Pero cualquier debate sobre el ajuste de la edad de jubilación se encuentra con miles de manifestantes furiosos que llenan las calles de París, Madrid o Bruselas.

En Francia, también es importante poner la reforma en perspectiva: se propuso aumentar la edad de jubilación en dos años, hasta los 64. Dinamarca ajusta su edad de jubilación cada cinco años en función de la esperanza de vida, y a principios de año aprobó su aumento hasta los 70 años en 2040, desde los 67 actuales.

Las reformas de las pensiones siguen fracasando porque la política se impone a la economía. Las transiciones demográficas son predecibles, sus costes son cuantificables y ya existen las herramientas políticas necesarias para abordar sus consecuencias. Pero las reformas fracasan cuando chocan con los incentivos electorales y la desconfianza de la ciudadanía.

¿Cómo superar estos problemas? En lugar de centrarnos en un solo aspecto, como la edad de jubilación, proponemos un enfoque multidimensional que aborde tanto los gastos como las cotizaciones y compense a quienes se ven inicialmente afectados por las reformas. España nos ha servido como estudio de caso, pero las lecciones son válidas para muchos países europeos, entre ellos Francia.

Ajustes automáticos y compensaciones puntuales

Parte de la solución consiste en incorporar nuevos mecanismos de ajuste automático, o normas que adapten las pensiones a las realidades económicas y demográficas cambiantes. Estos mecanismos hacen que los sistemas de pensiones sean más predecibles y creíbles, y reducen su dependencia de una serie de reformas ad hoc que plantean dificultades políticas.

También proponemos compensar a los trabajadores y jubilados que soportan la mayor parte de la reducción de las pensiones. Esto se haría mediante una transferencia única de activos líquidos del Gobierno a los hogares.

La desventaja de esta política es que los Gobiernos tendrían que financiar estos pagos, muy probablemente mediante la emisión de nueva deuda pública. Pero como hemos visto muchas veces, las reformas que se impulsan sin ningún intento de compensar a los que salen perdiendo suelen revertirse. Los votantes de más edad que tienen la vista puesta en la jubilación –y cada día son más– bloquearán cualquier intento de recortar sus prestaciones a menos que comprendan que se les compensará por sus pérdidas.

Hacer viable la reforma de las pensiones

Para que las reformas de las pensiones funcionen realmente, deben basarse en cinco elementos:

1. Introducir un factor de sostenibilidad que ajuste el importe de las pensiones iniciales a la esperanza de vida de la cohorte de trabajadores que se jubilan. En la práctica, esto significa que las personas que se jubilan más jóvenes recibirán una pensión más baja, ya que es probable que reciban pagos durante más años. Esto crea un incentivo para que los trabajadores prolonguen su vida laboral.
2. Introducir una norma de ajuste automático que actualice los derechos de pensión y las pensiones para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. En la actualidad, muchos sistemas actualizan las pensiones utilizando el índice de precios al consumo. Esto no es sostenible, ya que reduce la tasa de sustitución de la pensión, es decir, la relación entre el salario previo a la jubilación y los ingresos por pensión. Esto es especialmente cierto en un entorno de crecimiento bajo o incluso nulo de la productividad laboral (como es el caso de España).
3. Calcular las pensiones utilizando las cotizaciones realizadas durante toda la vida laboral de los trabajadores que se jubilan, en lugar de los últimos 25 años o alguna otra medida reducida. No tener en cuenta los primeros años trabajados tiende a beneficiar a los que más ganan y a infradotar el sistema en su conjunto.
4. Eliminar los límites máximos de las cotizaciones a la seguridad social, pero mantener las pensiones máximas, de modo que los que más ganan paguen más al sistema sin recibir a cambio pensiones más altas.
5. Ofrecer una compensación única a los trabajadores y jubilados que salgan perdiendo con estas reformas. Estas compensaciones pueden financiarse con deuda pública. Este componente transitorio facilita una transición justa y evita el rechazo social que a menudo provoca el fracaso de las reformas de las pensiones.

En conjunto, estas medidas no solo mejoran la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones al reducir los gastos futuros en pensiones, sino que también fomentan el ahorro privado y promueven una vida laboral más larga. Si las reformas se anuncian con suficiente antelación, el coste de la transición puede ser menor, ya que los hogares tienen más margen para ajustar su consumo, sus ahorros y sus opciones de jubilación.

Esto no significa que las reformas de las pensiones no vayan a generar controversia. Si se adoptaran estas medidas, los gobiernos tendrían que explicarlas claramente y anticiparse a la reacción negativa de la opinión pública. También tendrían que dejar claro que, sin reformas, será inevitable un aumento sustancial de los impuestos.

Sin embargo, la alternativa es peor. Según nuestros cálculos, España tendría que aumentar su impuesto sobre el valor añadido medio en 9 puntos porcentuales, del 16 % al 25 %, para recaudar ingresos suficientes para mantener el sistema actual de forma indefinida. Al retrasar las decisiones impopulares sobre las pensiones, los políticos se están preparando para subidas de impuestos aún más impopulares en el futuro.