Las terapias de “reorientación sexual”, con penas de prisión

El Pleno del Congreso votará una proposición de ley del PSOE para castigar con hasta dos años de prisión a quien practique terapias de conversión y a los padres que las consientan. La propuesta añade un artículo 173.bis al Código Penal que establece: “será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, el que aplique o practique... actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos... destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral”.

El PSOE pide que la pena se aplique “en su mitad superior” si la víctima es menor, se usó violencia, engaño o si el culpable forma parte de una organización que realice estas actividades. También quieren castigar a los progenitores que “consientan, promuevan, favorezcan o faciliten” estas terapias, con posible inhabilitación para ejercer la patria potestad o profesiones con menores. Esta inhabilitación podría extenderse hasta cinco años y busca proteger especialmente a los menores de edad, garantizando su seguridad frente a estas prácticas.

En la exposición de motivos, el PSOE señala que esta ley busca “dar un paso más allá, elevando al Código Penal la sanción de estas prácticas” y que “no estamos ante casos aislados sino ante una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”.

Aclaran que “recurrir a la vía penal debe ser la última ratio de actuación” pero es necesario porque “sigue pendiente el reto concreto y específico de actuar más enérgicamente contra quien o quienes pudieran desarrollar, defender, promover, aplicar o practicar el uso de las mal llamadas terapias de conversión”. La iniciativa subraya la aparición de nuevas formas de difusión de estas prácticas nocivas, como plataformas web y redes sociales, lo que aumenta la urgencia de su regulación y sanción.

Finalmente, el PSOE afirma: “Como país democrático y avanzado en derechos debemos abogar por un mundo libre de la criminalización de la orientación sexual, la identidad sexual y expresión de género. No se puede obviar que la existencia de estas prácticas de terapias de conversión son una forma más de violencia”.

Además, proponen ajustar la duración de la inhabilitación especial en delitos de odio para que coincida con la prevista para estos casos, de entre tres y cinco años, en lugar del actual rango que va de tres a diez años. Con esta medida, se busca unificar y adaptar las penas a la gravedad específica de este tipo de delitos.