La regularización del catastro divide a la corporación vianesa

Los vianeses afectados por el "catastrazo", la regularización catastral realizada el año pasado en el Concello, iniciaron una recogida de firmas contra el incremento de los recibos del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). El propio alcalde del BNG, Secundino Fernández Fernández, mostró su solidaridad con quienes sufren el encarecimiento del impuesto. "Entendo as persoas ás que lles veu o sablazo. Sobre todo no rural", afirmó.

Ante el malestar surgido en torno al IBI, a su vez, el portavoz del PP, Andrés Montesinos Rodríguez, invitó al regidor a tomar alguna medida, como "bonificar os recibos". También se quejó de que el regidor podría haber renunciado a la regularización si lo hubiese solicitado antes del 1 de mayo de 2016. Por último, aclaró que fue el anterior equipo de gobierno popular el que redujo el coeficiente de aplicación del impuesto, el cual fija el Concello, del 0,60 % al 0,40 % actual.

Este es el mínimo que permite el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siendo el máximo el 1,1 %.

El regidor nacionalista, Secundino Fernández, insistió en que el impuesto es de competencia estatal y consideró "absurdo" pedir al Concello las bonificaciones. "Non temos capacidade", aseguró.

La polémica no es exclusiva de Viana. En A Rúa, el portavoz popular Avelino García Ferradal, solicitaba recientemente al equipo de gobierno bipartito (PSOE-BNG) la rebaja del coeficiente y, en O Barco, el concejal de Riada Cidadá, Félix García Yáñez, planteó su eliminación.

Ninguna de estas peticiones prosperó. Otros concellos, como Ribadavia o Carballiño analizan medidas para paliar una subida del IBI que también genera un fuerte rechazo en Celanova. La polémica está garantizada. Si en 2017 fueron 29 los concellos ourensanos sujetos a la regularización catastral, este año se suman otros 24.