El alcalde de Verín promovió una obra ilegal por “la seguridad de los vecinos”

Cuando el alcalde de Verín, el socialista Gerardo Seoane, realizó obras de urbanización en el entorno protegido de la iglesia de San Bartolomé de Queirugás en febrero de 2019, lo hizo, según declaró esta mañana en calidad de acusado en la sala de vistas de la Audiencia de Ourense, movido por la “emergencia” y pensando en la “seguridad de los vecinos”.

La primera intervención se debió al peligro que ofrecía el desprendimiento de un talud y posteriormente, aprovechando que el firme había quedado deteriorado, continuó perforando zanjas y "echando una capita de hormigón", según sus palabras. Una instrucción de 8 de noviembre de 2017 de Patrimonio se lo permitía, aseguró ante los magistrados que dictarán sentencia.

Entiende el regidor, quien es arquitecto con 40 años de experiencia, que eran “obras menores” y que las legalizó posteriormente. Fue así como justificó el que no hubiera requerido la autorización de la Consellería de Cultura, con el preceptivo informe avalado por Patrimonio, obviando también la presentación de un proyecto técnico. Seoane, cuando la Policía Autonómica acudió a entregarle pesonalmente la notificación de advertencia de la ilegalidad, tampoco se dio por aludido (no la recogió) porque ya le constaba por vía telemática.

El asunto acabó judicializado porque hubo llamadas y comunicaciones anónimas por escrito a la consellería y Policía Autonómica. La Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia de Ourense inició así unas diligencias de investigación y acabó presentando querella en el Juzgado de Instrucción 1 de Verín.

La fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Carmen Eiró, entiende que la conducta del primer edil verinense es lo suficientemente grave para acusarlo de un delito de prevaricación urbanística por omisión en concurso con un delito contra la ordenación del territorio, imputaciones por las que reclama seis años de prisión, multa e inhabilitación para seguir ejerciendo alcalde durante doce años. Y sostiene la acusación en base a todo lo manifestado en el juicio por técnicos y expertos en la materia, incluyendo al arquitecto municipal y a la secretaria del Concello de Verín.

Según estos testigos, las obras realizadas no pueden considerarse menores: hubo levantamiento del firme, movimiento de tierras por excavación de zanjas para la introducción de nuevas canalizaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y soterramiento de redes de suministro eléctrico y alumbrado público... Toda una serie de trabajos que requerían, antes de comenzar, una serie de trámites que no se realizaron, a juicio de los testigos. Solo uno de ellos, una arquitecta técnica que realizó trabajos puntuales para el Concello de Verín, justificó la forma de proceder del encausado.

La representante del Ministerio Público insistió que Seoane obvió la legislación aplicable a un “bien del censo cultural, inventariado y con protección” y que su conducta fue “totalmente arbitraria, siendo consciente de la ilegalidad por falta de permisos”. Para Eiró “no son obras menores que facilitan la contemplación del paisaje”.

El abogado del alcalde, Eduardo Sánchez, insistió que el informe de la Consellería de Cultura para paralizar las obras no se puede considerar un requerimiento formal que implique una obligación para el inculpado. “Era una solicitud, no una orden porque no se trata de una resolución administrativa y no hubo un expediente sancionador”, destacó. En todo caso, argumentó que este asunto debería discutirse en la jurisdicción contencioso- administrativo pero nunca en la penal.

El propio Seoane aprovechó su derecho a la última palabra para explayarse. Insitió que la urbanización en el entorno de la iglesia de Queirugás estuvo “bien hecha” y “no hubo mala fe”. Y aludió a su predecesor en la alcaldía -”que realizó allí obras ( en Queirugá ) de demolición sin tan siquiera barrer”- como la mano negra que está detrás de todo este asunto, en alusión al “popular” Juan Manuel Jiménez Morán.