El Concello de Verín concluye definitivamente la resolución del contrato de los radares

El Concello de Verín ha completado el proceso administrativo para rescindir definitivamente y cumplir la sentencia de liquidación del contrato adjudicado en 2014 a la UTE Bilbomática Veicar Verín para la instalación de radares y la tramitación automatizada de multas en la villa.

Este sistema, impulsado por el anterior gobierno local del PP en 2014 y justificado entonces por varios episodios de atropellos registrados en la villa, preveía una recaudación estimada de seis millones de euros que saldrían “de sancións aos veciños”, aseguran desde el Concello, que ya ha depositado en la cuenta de la empresa la indemnización fijada judicialmente, 20.933,45 euros, y ha ordenado la devolución del aval presentado por la adjudicataria.

El alcalde, Gerardo Seoane, recuerda que aquel contrato, “ademais de ser de dubidosa legalidade, era de nula eficacia”, y que habría supuesto “un contrato millonario e fraudulento, que pretendía sangrar con seis millóns de euros a tódolos verinenses”. A su juicio, convertiría a Verín “en terreo de xogo dun pelotazo da ‘Operación Enredadera’, ademais de castigar aos veciños cun aluvión de multas innecesario”, en referencia a que la empresa adjudicataria fue posteriormente investigada dentro de esa trama de corrupción a nivel nacional.

La tramitación para dar cumplimiento a la sentencia y rescindir el contrato, acordado en pleno, se prolongó años debido a diversos retrasos administrativos. El alcalde reactivó el expediente, a partir de 2022, hasta en tres ocasiones ante la falta de avances en los departamentos municipales encargados de su ejecución.

Finalmente, en noviembre de 2023, un informe de la secretaria en funciones permitió elevar nuevamente la rescisión al pleno, y el proceso quedó encauzado hasta su culminación definitiva este mes.

Vista oral pendiente

Los retrasos motivaron una denuncia de la Fiscalía de Ourense, cuya vista oral está pendiente, por un supuesto delito de desobediencia por no cumplir la sentencia judicial de 2019. Seoane afirma que durante diez años estuvo “empeñado en darlle cumprimento” al procedimiento, y achaca la demora a las carencias en los puestos de habilitación nacional.

El regidor defiende que la anulación del contrato fue la decisión adecuada: “Sempre lembrarei como unha das maiores satisfaccións da miña traxectoria como alcalde a anulación. Volvería a facelo cen veces que vivira, porque o contrario tería sido un verdadeiro fraude e unha sangría para a veciñanza”.

Por último, Seoane presume de que las medidas alternativas de pacificación del tráfico adoptadas desde entonces han contribuido a eliminar los atropellos graves en la avenida de Laza. “Eliminamos os aparcamentos en batería e creamos o sistema pioneiro de aparcadoiros libres, unha revolución en toda Galicia”, concluye.