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La retirada de los árboles que ardieron en el incendio del verano de 2022 está generando numerosas quejas vecinales en el Concello de Vilamartín. Los grandes camiones que transportan los troncos cañan un buen número de pistas y carreteras por las que circulan, provocando un aluvión de críticas de los usuarios, siendo los vecinos de Cernego los más afectados.
Lo apuntó el alcalde vilamartinés, Enrique Álvarez Barreiro, quien explicó que la titularidad de las pistas corresponde a las juntas de montes, circunstancia que dificulta al Concello la toma de decisiones para poner fin a la situación. Entiende que su arreglo deberán acometerlo las empresas madereras, los comuneros y la Consellería do Medio Rural, con la que tienen conveniado el monte.
Donde sí debe actuar el Concello es en la carretera de acceso a Cernego, de titularidad municipal. En este caso, el alcalde llegó a un acuerdo con los madereros por el cual acometerán un arreglo urgente del vial, debido al pésimo estado en que se encuentra. La reparación definitiva, cuyo coste será muy superior, deberá llegar de la colaboración municipal, la comunidad de montes de mano común y de la empresa.
Otra infraestructura utilizada para los transportes de madera es la de Córgomo, esta de la Diputación Provincial. En este caso, el firme no sufrió tanto deterioro al estar preparada para dar salida a la pizarra que las explotaciones próximas.
El alcalde, aunque muestra su preocupación ante el fuerte deterioro que sufren ciertas pistas y viales, también es consciente de la necesidad de sacar toda la madera que ardió durante los incendios de agosto, que arrasaron más de 30.000 hectáreas en la comarca. “A madeira ten que saír. Temos o 100 % da masa forestal queimada e as comunidades de montes xa venderon a madeira”, dijo.
El problema, aunque se agravó en los últimos meses, no es nuevo en Vilamartín. Los daños causados por los transportes de madera en los viales ya provocaron numerosas críticas hace casi una década, llegando el Concello a barajar la posibilidad de establecer un aval que las empresas deberían depositar en previsión del deterioro de las infraestructuras utilizadas para sacar la madera.
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