El narcofuncionario de Xinzo: de empleado público a acumular más de 24 años de cárcel por su vida criminal

El informático y funcionario del Concello de Xinzo de Limia, Jorge Luis G.Y., encara un horizonte penal demoledor. El próximo mes de octubre se sentará en el banquillo de los acusados como presunto cerebro del asalto a un empresario constructor en Lobios, una causa por la que se enfrenta a peticiones de condena que rondan los catorce años de cárcel por robo con violencia, lesiones y pertenencia a grupo criminal.

A este juicio se le superpone ahora una nueva ofensiva. La Fiscalía de Ourense ha formulado un segundo escrito de acusación en el que solicita para el empleado público otras penas que suman diez años y cinco meses de prisión, además de una multa de 909.057,48 euros, por delitos contra la salud pública, tenencia de armas prohibidas y tenencia de armas de fuego sin licencia. El inculpado permanece en prisión provisional de A Lama, comunicada y sin fianza, desde el 26 de marzo de 2025.

El origen de este complejo entramado criminal se remonta a la madrugada del 20 de enero de 2025 en la localidad de Vilameá (Lobios). Un grupo de cuatro encapuchados irrumpió en la vivienda de un constructor con el objetivo de sustraer 150.000 euros en efectivo. La víctima fue emboscada en el patio, arrastrada hasta el garaje y sometida a una paliza antes de ser maniatada. Semanas después del asalto, Jorge Luis se personó voluntariamente ante la Guardia Civil, porque se sentía vigilado por vehículos policiales, para delatar a sus cómplices, escudándose en un supuesto temor a sufrir represalias, pero desvinculándose del robo violento. Y hasta les “suplicó” protección personal (tuvo al principio estatus de testigo protegido).

Sin embargo, las pesquisas policiales y la interceptación de comunicaciones desmintieron su versión, situándolo presuntamente en la cúspide de la organización. Los investigadores determinaron que el funcionario coordinó el golpe desde la sombra, dictando órdenes a través de la aplicación encriptada Signal en las que instaba a sus subordinados a “apretar al viejo” y “usar a la vieja” para extraer el botín.

El peso de estos indicios motivó que el Juzgado mixto de Bande desplegara un amplio operativo el 19 de febrero de 2025. La envergadura del caso llevó a las fuerzas de seguridad a registrar el propio puesto de trabajo del acusado en el Consistorio de Xinzo, ubicado en la calle Curros Enríquez. La mandamiento judicial autorizó la inspección exhaustiva de su oficina, taquillas y mobiliario municipal, diligencia que se saldó con la incautación de un teléfono móvil de la marca LG para su volcado y análisis. Esta intervención precedió a los registros efectuados en los domicilios del investigado, situados en la avenida de Madrid y en Camiño do Cemiterio (la residencia familiar).

En el interior de estos domicilios, los agentes de la Guardia Civil localizaron un centro de almacenaje de estupefacientes que la Fiscalía ha tasado en 303.019,16 euros en el mercado ilícito. Las sustancias estaban meticulosamente ocultas; algunos de los paquetes de mayor tamaño se encontraban envueltos en prendas de ropa interior en el fondo de un armario, mientras que otros constaban de metanfetamina en roca envasada al vacío. Los laboratorios confirmaron que el alijo estaba compuesto por 1.824,699 gramos de cocaína con altísimos índices de pureza, de hasta el 89,2%, y por 1.008,93 gramos puros de MDMA (metanfetamina) que superaban el 74% de concentración. Solo el valor de la cocaína asciende a 233.056,48 euros, mientras que la metanfetamina alcanza los 69.962,68.

Para blindar sus operaciones, el acusado había acumulado un arsenal de guerra y un completo equipamiento táctico. La Guardia Civil intervino un rifle de asalto Ruger calibre 300 BLK provisto de cargadores municionados, un rifle deportivo Alfa Proj modelo Hunter calibre 22LR , una escopeta Franchi Llama , una escopeta de cañones recortados y un cañón paralelo aserrado suelto. En el apartado de armas cortas, se decomisaron una pistola Smith & Wesson M&P9 Shield con puntero láser, una réplica simulada de pistola calibre 45 ACP , una Springfield Armory modelo 1911 y múltiples revólveres, entre ellos uno de avancarga Black Powder en perfecto estado de funcionamiento.

El depósito clandestino incluía, además, centenares de cartuchos y componentes sueltos para el ensamblaje de armas de fuego sin trazabilidad legal. La logística del grupo se completaba con tecnología de asalto y contraespionaje: visores térmicos y nocturnos, un inhibidor de frecuencia de cuatro antenas, un dispositivo de hackeo Flipper, cámaras endoscópicas y una navaja táctica automática de la marca Infidel, catalogada como arma prohibida.

Alega adicción a las drogas

El juicio más inminente que afrontará -el asalto en Vialameá- está señalado para octubre en la Sección penal ya que no hubo acuerdo en la audiencia preliminar. No obstante, su letrado, Luis Salgado Carbajales, no da por rotas las conversaciones con la Fiscalía y la Acusación Particular. “Las negociaciones avanzan adecuadamente y estoy confiado en un acuerdo satisfactorio”, se limitó a decir el letrado. En su escrito de defensa ya pretende hacer valer las atenuantes de confesión, reparación del daño y grave adicción a las drogas.