Deslealtad entre ladrones acusados de asaltar a un chalé en Lobios

Durante la noche del 19 de enero de 2025, el ladrido de los perros rompió el silencio en el apacible núcleo de Vilameá (Lobios). Manuel, un empresario de la construcción de 75 años, bajó al garaje con una linterna. “¿Quién anda ahí?”, preguntó. La respuesta fue una despiadada paliza que lo dejó al borde de la muerte. El próximo 5 de junio, los cinco presuntos responsables de este asalto se enfrentarán en una vista preliminar en la Sección Penal marcada por acusaciones cruzadas entre los inculpados y abogados defensores con estrategias muy distintas.

El caso, instruido en el Juzgado de Bande, dibuja la anatomía de un grupo criminal organizado. Según el fiscal, la banda actuó bajo la presunta batuta de Jorge Luis G. Y., quien desde su domicilio en Xinzo habría analizado la información y planificado el golpe al milímetro. El objetivo era tentador: un chivatazo apuntaba a que el empresario acababa de recibir un pago entre los 30.000 y los 80.000 euros. El nivel de sofisticación del grupo no era menor. Se comunicaban exclusivamente mediante la aplicación encriptada Signal, realizaban labores de contravigilancia y emplearon disfraces para ocultar sus rostros.

Despiadada paliza

Al ser descubiertos en el garaje, tres de los asaltantes -identificados por los agentes investigadores como Mourad E.A, Ionel Daniel F. y Álvaro G. J.- se abalanzaron sobre Manuel. Aprovechando su superioridad numérica y armados con una porra, lo golpearon salvajemente en la cabeza y el tórax mientras le exigían saber dónde estaba el dinero, según la versión de las acusaciones. Tras maniatarlo y dejarlo sangrando en el suelo en posición fetal, los asaltantes registraron la casa. Arriba, Nélida, la esposa de Manuel, dormía ajena a la pesadilla hasta que uno de ellos irrumpió en su dormitorio. Ella misma logró cerrar la puerta por dentro.

El botín final consistió en 6.000 euros en efectivo, joyas, relojes, teléfonos móviles y una escopeta de cañones recortados.

Lo que la Fiscalía describe como un “grupo criminal” perfectamente estructurado, se ha convertido en un auténtico “sálvese quien pueda” donde las confesiones, las admisiones de culpa parciales y las acusaciones cruzadas marcan la hoja de ruta de las defensas. El caso más evidente de esta fractura interna es el de Petrica S. Su abogado rompió la baraja: en su escrito de defensa admite que su cliente estuvo en el lugar de los hechos la noche del asalto. Así lo reconoció el propio encausado cuando fue detenido y declaró el 18 de febrero de 2025, negando su participación en la brutal paliza. Argumenta que el papel de este rumano, en última instancia, se limitó al de ser un mero cómplice que realizaba “funciones de vigilancia” en el exterior de la vivienda. Apoyándose en su “colaboración relevante” y su confesión ante la Guardia Civil, solicita la absolución o, en último caso, que su condena se reduzca drásticamente a un año y seis meses de prisión, desvinculándose por completo del delito de lesiones.

Autor intelectual

Por su parte, el presunto líder intelectual, Jorge Luis, quien trabajaba como informático en el Concello de Xinzo, esgrime que sus capacidades cognitivas estaban mermadas por el consumo de drogas. Su letrado no admite su participación en el asalto, destacando que acudió voluntariamente a las autoridades el 1 de febrero de 2025, antes de que el foco de la investigación se dirigiese formalmente contra él, para ofrecer a la Guardia Civil datos cruciales en la llamada operación Aquis con los que cercar al resto. Además, recalca que los 1.720,99 euros que le fueron incautados fueron puestos a disposición del perjudicado.

En el extremo opuesto a estas colaboraciones se sitúan los otros tres acusados: Mourad, Ionel y Álvaro. Sus escritos de defensa son un bloque de contención: niegan cualquier participación en el asalto.

La factura del asalto incluye la deportación

A los cinco miembros de la banda se les atribuyen tres delitos en concurso real: robo con violencia en casa habitada, lesiones agravadas (con abuso de superioridad) y pertenencia a grupo criminal. La acusación particular, que representa al denunciante, iguala la responsabilidad de todos los integrantes y es inflexible en su petición: exige 14 años y seis meses de prisión para cada uno de los cinco acusados.

Por su parte, el fiscal hila más fino en sus peticiones dependiendo del rol desempeñado y el historial delictivo. El Ministerio Público eleva su condena más alta (14 años y seis meses) para Mourad, al que le aplica la agravante de reincidencia. Para el presunto líder y coordinador del grupo, Jorge , reclama 14 años y tres meses de privación de libertad. Finalmente, para los otros tres encausados que supuestamente ejecutaron el asalto junto a Mourad (Petrica, Ionel y Álvaro), la petición se sitúa en 13 años y seis meses de cárcel para cada uno.

Ambas acusaciones solicitan que, una vez cumplidos dos tercios de la condena, la pena de prisión sea sustituida por la expulsión del territorio español durante siete años para varios de los acusados de origen extranjero, como es el caso de Mourad, Petrica e Ionel.

En el plano económico, las acusaciones reclaman solidariamente a la banda que afronte el enorme coste del daño causado. Solicitan que indemnicen a Manuel con sumas que oscilan entre los 54.888 euros y los 56.857 euros por las gravísimas lesiones, secuelas irreversibles y operaciones.