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CESIONES URBANÍSTICAS
El exsecretario del Concello de Ourense Mariano Rodríguez no ha testificado por videoconferencia desde el Juzgado de León y ha hecho llegar un justificante médico por su incomparecencia, el segundo en relación a la petición judicial para que declare como testigo por la denuncia presentada por la exedil de Urbanismo, Áurea Soto, contra el exalcalde Manuel Cabezas y otros exconcejales del PP.
La comparecencia de Rodríguez por videoconferencia en el Juzgado de instrucción número 1 de Ourense, se había fijado para las 13,00 horas y poco antes de esa hora, el Juzgado recibió un informe médico con el que se justificó la incomparecencia. En una ocasión anterior, el exsecretario municipal se excusó por su ingreso en un hospital de Lanzarote, según fuentes jurídicas.
La incomparecencia de este miércoles conllevará la petición, por parte de la denuciante Áurea Soto, de que se tomen las medidas que correspondan para evitar una tercera incomparecencia y la posible dilación indebida en el proceso de instrucción, según han explicado fuentes jurídicas.
La denunciante volvió a pedir por escrito, según las mismas fuentes, la citación como imputados del exalcalde Manuel Cabezas y del que fue edil de Urbanismo de Ourense entre los años 1997 y 1999, ambos del PP. Hasta ahora, el juez llamó a declarar como imputado al que fue edil de Urbanismo del 2000 al 2002, Ricardo Campo Labrador, que lo hizo el pasado 5 de marzo de 2015.
También lo hicieron en noviembre de 2014, en calidad de testigos, tres funcionarios autores de un informe de 2004, en el que se basa la denuncia, que recoge 15 actuaciones urbanísticas de las que el Ayuntamiento de Ourense no exigió el 10 por ciento del aprovechamiento, a sus promotores, que suponían una aportación al patrimonio municipal de 1,6 millones de euros, entre los años 1997 y 2002.
Los testigos atribuyeron a otro informe del propio exsecretario municipal la no reclamación de esas cesiones, a pesar de que era obligatorio desde que entró en vigor la Ley del Suelo de Galicia de 1997.
En la denuncia que presentó en septiembre de 2014, la exedila Soto incluyó un informe del Consello de Contas de Galicia, del año 2004, en el que se fiscalizó el urbanismo de Ourense entre 1999 y 2002 y en el que se advierte "de ese incumplimiento" de la Ley. El informe también consideró "irregular" la no exigencia de 6.975 metros cuadrados de aprovechamiento para el ayuntamiento, de un total de 69.755,8 metros cuadrados de suelo urbanizado".
Además de solicitar otra vez que se cite a Manuel Cabezas y a Fernando Díaz Salcedo como imputados, la denunciante pidió este miércoles en el juzgado, la citación como testigos de otros tres trabajadores municipales del área de Urbanismo y relacionados con los expedientes.
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