TRIBUNALES

El interventor municipal alegó "como vecino" la Conta Xeral

La reclamación de Gonzalo Alonso, que veía un cambio de criterio contable, rechazada por la tesorera

El interventor municipal, Gonzalo Alonso, durante un pleno.
El interventor municipal, Gonzalo Alonso, durante un pleno.
El interventor municipal alegó "como vecino" la Conta Xeral

La tramitación en el Concello de la Conta Xeral –un conjunto de documentos que reflejan la imagen patrimonial, financiera y de resultados– correspondiente al ejercicio de 2017 se ha encontrado con un obstáculo inesperado en el camino, que no se había producido en los años anteriores, en forma de alegación, con sorpresa incluida, ya que ha sido formulada por el interventor municipal, Gonzalo Alonso Álvarez, aunque "en su condición de vecino del Ayuntamiento de Ourense", ya que la normativa no le permite realizarlo como funcionario, según explican fuentes consultadas, que resaltan que un interventor no tiene entre sus competencias fiscalizar la Conta Xeral.

Gonzalo Alonso presentó su reclamación al entender que se habían cambiado los criterios en los actos contables realizados respecto a los acuerdos adoptados en junta de gobierno local y que esto podría conllevar problemas de existencia de crédito o condicionar la incorporación de los remanentes generados.

"Durante un determinado período, se deben aplicar las mismas normas. Si por cualquier motivo, se presentan cambios o ajustes en los criterios contables previamente adoptados, será preciso identificar y determinar de qué manera inciden", sostiene Alonso, que basa su reclamación en el acuerdo del 28 de diciembre de 2017 para ampliar el número de horas a prestar dentro del servicio de ayuda a domicilio, un asunto que ya generó controversia hace unos meses por informes desfavorables del interventor municipal, corregido posteriormente por la Intervención Xeral de Galicia, el principal órgano de tutela financiera de la Comunidad.

Ahora, el informe elaborado por la tesorera municipal, María Belén Rodríguez Tourón, también rechaza tajantemente el argumento de Gonzalo Alonso. "Non é aplicable ó caso que nos ocupa, a lexislación é clara", sostiene la tesorera, que recuerda que una vez que se conoció el adjudicatario y el importe del gasto a realizar (627.078 euros) se adquiere un derecho y, cuando se vaya a realizar, se formaliza la obligación.

"En consecuencia, non cabe ningún cambio de criterio que deba ser reseñado, toda vez que todos os actos teñen que ser rexistrados contablemente", refleja la tesorera.


A pleno el lunes


Por todo ello, la propuesta que se elevará al pleno del lunes pasará por desestimar la reclamación formulada por Gonzalo Alonso y aprobar la Conta Xeral de 2017 para que pueda ser remitida al Consello de Contas, encargada de fiscalizarla.

Tanto PSOE como Ourense en Común no han tomado una decisión sobre la posición de voto en el pleno. El año pasado, todos los grupos de la oposición se abstuvieron al abordar la Conta Xeral. 


Críticas de OUeC por el trato a proveedores


En la sesión plenaria del lunes también se dará cuenta del período medio de pago a proveedores correspondiente al mes de noviembre, situado en 65,3 días (más del doble del plazo legal permitido), con más de siete millones pendientes de pago a falta de un mes para terminar el año.

Aunque la tardanza en abonar facturas se ha aliviado en los últimos meses, la situación sigue generando críticas. Desde Ourense en Común creen que "a morosidade do goberno do PP ataca a autónomos e pequenas empresas", subrayando que en todo el 2018 nunca se han rebajado los 30 días establecidos como máximo en la legislación.

"Isto deixa ás claras a nefasta xestión porque o PP é o único responsable e con competencias no pago de facturas", indica el portavoz de OUeC, Martiño Xosé Vázquez.