Pide pruebas en busca de nuevos imputados tras dejar fuera a los investigados en la Zamburiña
El juez de Instrucción 1 de Ourense, Leonardo Álvarez, ha reactivado la investigación judicial por el robo de seis armas en la Comisaría de As Lagoas en agosto de 2014 a partir de un nuevo enfoque. El magistrado ha archivado las diligencias previas con respecto a los 16 investigados en la llamada operación Zamburiña por tráfico de drogas, que también instruye él, y ha optado por practicar nuevas pruebas con la que reorientar el caso, que continúa abierto.
Precisamente, la sustracción de las pistolas y revólveres del armero de la comisaría fue el origen de la trama que desembocó en cuatro causas judiciales distintas: a las dos anteriores hay que añadir las diligencias por calumnias/injurias que recayeron en Instrucción 2 por el anónimo enviado a Asuntos Internos dando cuenta de la desaparición de armas, entre otras muchas acusaciones, y las diligencias por asesinato/homicidio que Instrucción 3 mantiene bajo secreto de sumario a raíz de la muerte de un agente que, según la versión oficial, se suicidó tras autoinculparse en el robo de las armas.
La causa se inició el 5 de septiembre de 2014 cuando la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional denunció un robo con fuerza en las cosas en el que daba cuenta de la desaparición de dos revólveres y una pistola del interior de una estancia tipo búnker en el que se custodiaban, en la segunda planta del edificio. Esa primera denuncia dio pie a una breve investigación interna que llegó a atribuir la desaparición a un error en la tramitación documental.
Pero, meses después, el 26 de febrero de 2015, la UDEV ampliaba la denuncia dando cuenta de la desaparición de otras tres pistolas. En la inspección ocular realizada por la Policía Científica, no halló indicio de fuerza o manipulación en las cerraduras, ni desorden en el interior.
Las llaves que en ese momento permitían el acceso al armero estaban en varias manos: había cinco copias de la llave que permitía franquear la puerta de seguridad mediante la que se accedía a una primera estancia. Una de llaves la tenía el policía encargado de armamento y tiro; otra estaba en poder del inspector de Seguridad Ciudadana y las otras tres en un sobre cerrado y sellado en el interior de la caja fuerte existente en la Secretaría General a disposición del responsable de ese servicio. Asimismo, había tres copias de la llave que abre la segunda de las puertas (el lugar concreto dónde están las armas). Una de ellas en poder del policía encargado del armamento y las otras dos en un sobre de la caja fuerte de la Secretaría General.
Los agentes de la UDEV tomaron declaración a los tres policías que tenían acceso a las llaves al tiempo que la Científica tomó huellas en las cajas de la armas y manillas de puertas .
No obstante, el 4 de marzo de ese mismo año, el caso dio un giro espectacular cuando la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional pidió al juez Álvarez una autorización para intervenir teléfonos a una serie de agentes a los que un anónimo los implicaba en una trama de corrupción policial: el robo de las armas para venderlas a delincuentes y otros delitos como la sustracción de sustancias estupefacientes decomisadas en operaciones antidroga, coacciones a delincuentes y la connivencia con conocidos traficantes para eliminar la competencia. El contenido del anónimo, considerado injurioso por parte de los mandos policiales, desembocó en una denuncia.
No obstante, las escuchas y seguimientos policiales abonaron la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas, con 16 investigados, cuatro de ellos policías. Estos últimos, por supuestamente favorecer a importantes traficantes a cambio de información.
Por último, un policía hasta ese momento al margen de cualquier investigación, Celso B.A., aparecía muerto con un disparo en la cabeza el 9 de marzo del pasado año en su despacho. Se atribuyó oficialmente a un suicidio pero las jueza de Instrucción 3 no lo tiene tan claro.
