En su despacho estaban tres de las seis armas robadas, por lo que se autorizó un registro en su casa para buscar las otras
La Policía Nacional de Ourense da por esclarecido el robo de cuatro pistolas y dos revólveres de la Comisaría en el mes de agosto de 2014 tras la autoinculpación del agente Celso Blanco Álvarez, de 48 años, quien el pasado domingo se quitó la vida con una de ellas, un arma corta marca HK modelo USP compact, que apareció en su mano izquierda. En el despacho de la quinta planta de la comisaría, en la delegación de prensa, estaban otras dos más, un revólver y otra pistola, pero no demasiado ocultas. Una, en un cajón de la mesa de trabajo, y la otra, encima.
El juzgado autorizó el lunes una entrada y registro en la vivienda familiar de la víctima en la ciudad, en donde también vive un hermano y su madre, en busca de las otras tres armas de fuego desaparecidas. Pero allí no estaban.
Los investigadores no sólo le atribuyen esa sustracción sino también la autoría de los anónimos que recibió Asuntos Internos y meses después varios medios de comunicación. Blanco Álvarez así lo reconoció antes de morir a través de varios correos electrónicos, aunque "queda por precisar si tuvo un cómplice", tal como reconocen fuentes policiales. Si los correos electrónicos remitidos a compañeros antes de quitarse la vida inculpan al malogrado agente, el análisis del ordenador de su despacho, que no sólo utilizaba él, y su móvil servirán para saber si "alguien actuó en connivencia".
En no más de cuatro párrafos, la víctima pide perdón: "Siento haber sacado las armas del búnker" y, a reglón seguido, "haber hecho daño a los compañeros", al tiempo que se responsabiliza de los controvertidos anónimos.
La unidad que investiga casos de corrupción policial recibió un extenso correo electrónico el 11 de noviembre de 2014 con graves acusaciones sobre determinados policías pertenecientes al Grupo Operativo de Respuesta (GOR), perteneciente a la Brigada de Seguridad Ciudadana. Menciona los nombres de hasta 10 agentes y les imputa "actuar como grupo paralelo de investigación en asuntos de tráfico de drogas y de delincuencia especializada al margen de cualquier control", detallando irregularidades delictivas de calado como que guardaban las drogas en sus taquillas de trabajo, domicilios y vehículos particulares, extremo que no pudo ser demostrado. Con ello, sostenía el informador, "obtienen prestigio profesional, recompensas económicas y favores de traficantes". Pero también apuntó hacia arriba: "Todo esto lo saben los superiores jerárquicos, pero no actúan porque favorece las estadísticas de criminalidad".
En dicha comunicación habla de una supuesta alianza entre dos policías concretos -Antonio R.F. y Ernesto A.V., el responsable de la gestión del armero- para "sacar armas que son vendidas a delincuentes", una acusación que resultó infundada.
Todas estas manifestaciones dieron pie a la presencia de Asuntos Internos en Ourense, desembocando en noviembre de 2015 en la llamada operación Zamburiña contra el tráfico de drogas, en la que cuatro policías resultaron imputados, entre ellos, Antonio R.F., un inspector cuyo trabajo en la lucha contra el narcotráfico como jefe del GOR y después como coordinador de servicios le fue recompensado a finales de 2014 con la jefatura de la unidad de drogas, desplazando así al hermano del compañero de Celso Blanco en la delegación de prensa y participación ciudadana cuando ocurrieron los hechos.
“Es incomprensible, se llevaba bien con todos"
Celso Blanco, quien fue enterrado ayer tras un multitudinario funeral, ingresó en la Policía Nacional en 1991, pero no fue destinado a Ourense hasta 2006, asignado a la delegación de prensa y participación ciudadana, aunque entre sus cometidos también era instructor de defensa personal.
Sus compañeros le definen como una persona "amable y servicial, con muy buen carácter", por lo que les resulta difícil entender el móvil que lo llevó a tejer supuestamente un enrevesado plan para que Asuntos Internos se desplazara a Ourense e investigara a sus compañeros del GOR. Sin olvidar que la comisaría abrió un expediente sancionador por falta leve al gestor del armero .
"Para nosotros es totalmente inexplicable su conducta, porque no tenía problemas absolutamente con nadie", asegura el máximo responsables de la Comisaría, Demetrio Martínez. Aunque algunas fuentes apuntan a que el agente fallecido podría querer para sí el puesto en el servicio de armamento y tiro, ya que el responsable está próximo a jubilarse, el comisario asegura que la víctima en ningún momento pidió la plaza.
Los investigadores habían ya identificado el ordenador del que salieron los anónimos (oficina de prensa) y tenían a un sospechoso.
