El modelo de trabajo podría dejar fuera a los juzgados de instrucción
La empresa encargada del diseño de la nueva oficina judicial, el modelo organizativo que implantará la Xunta a modo de experiencia pionera en Ourense, puso ayer sobre la mesa las distintas posibilidades contempladas tras el estudio preeliminar realizado estos últimos meses. A partir de ahora, los representantes de la Administración de Justicia en Ourense deberán estudiar las tres alternativas propuestas o añadir aportaciones que se debatirán en otra reunión en la que se fijará el modelo definitivo, que deberá ser consensuado.
Según apuntó ayer el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, la Administración autonómica trabaja con la idea de que la nueva organización esté planificada entre finales de este año y los primeros meses de 2018. Se trata, según recordó, de organizar "dun xeito más preciso e racional a actividade xurisdiccional, procesual e administrativa, impulsando un modelo de administración de xustiza baseado na eficacia, eficiencia, racionalización do traballo e no uso das novas tecnoloxías".
La empresa, tras analizar las cargas de trabajo, recursos humanos, dotación de infraestructuras, sistemas y equipamiento, expuso tres alternativas. Uno de esos escenarios deja fuera de la macrooficina a los tres juzgados de instrucción de la ciudad y el juzgado de menores. Otro de ellos contempla la sección penal de la Audiencia (ejecución de las sentencias) en ese servicio común.
Este último prevé unidades procesales para dar apoyo a los jueces, es decir, oficinas dotadas con personal preciso para el auxilio de los magistrados así como servicios comunes procesales, a cargo de un letrado de la administración de justicia para la tramitación uniforme de tareas repetitivas, básicamente relacionadas con el expediente judicial (ordenación del procedimiento, ejecución d resoluciones judiciales, atención al ciudadano...).
La reunión de ayer fue criticada por la UGT en tanto que sólo se convocó a la presidenta y secretaria de la junta de personal. El responsable gallego de esa organización, Manuel González Carvajal, solicitó por escrito la inmediata convocatoria de la mesa sectorial de cara a una futura negociación. "Estamos ante un nuevo paripé de la Consellería de Xustiza delante de la opinión pública para demostrar que se está haciendo algo cuando en realidad no se hace nada", asegura.
