Hora cero para la reforma de la PAC

Representantes del Ministerio de Agricultura, Comunidades Autónomas, parridos políticos, toda la amplia representación del sector agrario y expertos en política agraria, con la presencia del comisario comunitario Phil Hogan, debatirán los próximos días 27 y 28, en unas macro jornadas organizadas por Atocha, la futura posición española ante el inicio de las negociaciones a partir de otoño sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Esta reforma se aplicaría, en principio, a partir de 2020, pero con muchas posibilidades de que se retrase a la vista del calendario de elecciones previsto en algunos países miembros e igualmente para las instituciones comunitarias. En cualquier caso, con o sin aplazamiento de la entrada en vigor de la misma, la realidad es que ya está en marcha la maquinaria para esa reforma con la encuesta planteada por la Comisión donde parece que, hasta la fecha, han sido muy escasas las respuestas españolas frente a lo sucedido en otros países comunitarios.

La ministra de Agricultura Isabel García Tejerina ha reiterado la necesidad de que en esta ocasión España se halle entre los países a la cabeza de las propuestas con la pretensión de marcar calendarios y debates de la mano de algunos socios, como los franceses. Sin embargo, a pesar de ese interés, Agricultura quiere que la posición española no la protagonice la Administración, otros entienden que Atocha no se quiere mojar, sino que sea el resultado de unos debates donde todas las partes afectadas planteen sus posiciones de cara a elaborar esa posición mayoritaria o de consenso sobre las grandes demandas españolas para la PAC a partir de 2020.

Un primer punto en esa propuesta española sería su posicionamiento en defensa de unos presupuestos comunitarios suficientes. No van a existir problemas en estas jornadas sobre la posición española en este sentido. Todos coinciden en defender el futuro de los fondos globales como apoyo a las rentas.

Un segundo aspecto igualmente importante para el sector lo constituye la elección española de la vía para la asignación de los fondos que suponga el mantenimiento de las políticas de rentas, en la actualidad básicamente como pagos directos a una parte muy importante del sector agrario. Para ello, desde las instancias comunitarias se plantean varias vías abiertas a los debates: mantenimiento del actual sistema reformado y simplificado; apoyos básicamente por compromisos de cambio climático; ayudas como gestión de riesgos; pagos contra cíclicos según los mercados; sistema de topes de pagos por explotación, etcétera. Otros aspectos claves con carácter general podrían se la definición de agricultor activo y actividad para acceder a los fondos, la política de convergencia de ayudas a nivel de UE o la importancia del equilibrio de la cadena alimentaria como instrumento de rentas

Para el consejero de Agricultura de Castilla la Mancha, Francisco Martinez, el escenario de ajuste comunitario, agravado por la salida de Reino Unido y el impulso a otras políticas como la inmigración o el empleo, pueden suponer un grave riesgo de ajuste para los presupuestos destinados a la PAC. Por este motivo, entiende que, en primer lugar es indispensable un esfuerzo de comunicación del sector ante el conjunto de la sociedad, los consumidores, para justificar la necesidad de apoyar a un campo que proporciona alimentos en volumen suficiente con un precios asequibles, con calidad y seguridad alimentaria y que se trata además de una actividad de agricultores y ganaderos que mantiene vivo el territorio.

Actualmente, con unos fondos en cinco años de 35.700 millones de euros para pagos directos y otros 8.300 millones para desarrollo rural, los pagos comunitarios vía ayudas directas han constituido un pilar importante que ha supuesto entre un 26% y un 30% de la renta agraria, aunque su peso es muy diferente según zonas, producciones o cultivos.

Hoy, en base a una filosofía impulsada por Miguel Arias Cañete con el total respaldo de Andalucía, existe una distribución de los fondos basado en los derechos de los pagos históricos trasladados al actual pago base con el que uno de los principales objetivos se limitaba a mantener los ingresos de las explotaciones para asegurar su estabilidad, bonificando unas producciones, cultivos o zonas, mientras otros agricultores y ganaderos se quedaban al margen o en una posición de inferioridad.

Con los datos sobre la aplicación de la reforma de 2014 en España, parece difícil que las Comunidades Autónomas se puedan poner de acuerdo en el futuro sobre la distribución de los fondos y donde probablemente sería necesario un debate político parlamentario, más que una discusión en la Conferencia Sectorial en Atocha. Desde esta perspectiva ya son varias la Comunidades Autónomas, encabezadas por Castilla la Mancha y Aragón, desde donde se plantea la necesidad de un vuelco en la actual política de asignación de los recursos y, mucho más cuando se teme que los fondos globales pueden sufrir graves recortes en Bruselas.

Otro punto clave que se plantea es la eliminación de los pagos por los derechos históricos, hoy pago básico, por considerar que no tiene sentido un sistema de ayudas basado en el pasado que supone además una discriminación para quienes han hecho avances en sus explotaciones. En esta dirección, no se puede descartar, aunque haya rebaja de fondos, la posibilidad de un reajuste en la distribución dando entrada a nuevos productos excluidos sin que haya una razón objetiva para ello. En el caso de España, en el eje de los debates se podría plantear también que el modelo de pago fijo a los pequeños agricultores se pudiera extender, con matices, al resto los pagos. De las discusiones en esa segunda fase tampoco estará ausente la posibilidad de elevar la ayuda para las primeras 25 hectáreas de una explotación, como sucede en otros países, y finalmente la posibilidad de fijar techos de ayuda por explotación más allá de esa modulación actual del 5% para los pagos superiores a los 150.000 euros.