Rivas fue condenada por sustracción de menores, después de permanecer un mes en paradero desconocido junto a sus dos hijos para no entregarlos al padre, quien a su vez en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella había vuelto a denunciar por maltrato en 2016.
La condena inicial fue rebajada por el Tribunal Supremo a dos años y seis meses de prisión, además de la pérdida de la patria potestad. Ahora, el Gobierno ha rebajado la pena de prisión a un año y tres meses, y los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad los ha conmutado por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
En su informe preceptivo sobre la petición de indulto a Rivas, el Supremo se opuso por unanimidad a un indulto total, al estimar que la condena era "proporcionada en relación con la gravedad de los hechos enjuiciados", pero no se puso de acuerdo sobre el parcial: ocho magistrados lo avalaban y otros ocho se oponían.
El primer grupo apelaba "al interés del menor", tras analizar nueva documentación presentada por la madre sobre la situación de "angustia" que vivía el hijo mayor por la separación de su progenitora y los presuntos malos tratos del padre, pero el otro grupo cuestionaba que se pudiera conocer el interés superior de los niños solo a partir de la información aportada por una de las partes.
La Fiscalía, por su parte, había apoyado la concesión de un indulto parcial, rebajando la pena de prisión en seis meses, hasta los dos años, y dejando la inhabilitación para ejercer la patria potestad en cuatro años, en vez de en seis.
Juana Rivas, "muy contenta" con el indulto
Según ha señalado su abogado, Carlos Aránguez, Rivas ha acogido "muy contenta" el indulto parcial concedido por el Gobierno y que le deja "las manos libres para seguir luchando por sus hijos".
La pretensión del equipo jurídico que defiende los intereses de Juana Rivas es volver a pedir la suspensión de la pena atendiendo a este indulto y que actualmente cumple en un Centro de Inserción Social (CIS) de la capital granadina. Junto a ello, pretenden "hacer valer" esta medida de gracia ante la justicia italiana, donde este viernes quedará visto para sentencia el proceso civil que se sigue en la Corte de Apelación de Cagliari por la custodia de los niños, después de que en 2019 se le concediera en exclusiva al padre, el italiano Francesco Arcuri, y ella apelara.
