La proposición de Ley de Amnistía no ha superado la mayoría absoluta que necesitaba para aprobarse en el Pleno del Congreso, ya que Junts ha cumplido su amenaza de descolgare, y su texto se remitirá a la Comisión de Justicia para reabrir la negociación y presentar otro texto en el hemiciclo en el plazo de un mes.
El Pleno del Congreso ha votado primero el dictamen de la Ley de Amnistía, para lo que no se necesitaba mayoría absoluta, y ha sido aprobado con 177 votos a favor, también los de Junts, frente a 172 en contra. En concreto, han votado a favor los diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bidu, PNV, Podemos y BNG frente al `no` de PP, Vox, UPN y CC.
Pero al tener rango orgánico se necesitaba una segunda votación que exigía un mínimo de 176 votos, y ahí ha sido donde Junts ha optado por el No, rebajando los apoyos a 171 diputados, incluso por debajo de los 179 votos de la oposición.
Al no llegar a ese listón mínimo de los 176 votos, la ley no se ha dado por aprobada y, conforme al artículo 131 del reglamento del Congreso, el dictamen se remitirá a la Comisión de Justicia para que, en el plazo de un mes, redacte un nuevo texto que habrá de someterse a una nueva votación en el hemiciclo.
No hay muchos precedentes de esta situación y el Congreso deberá aclarar qué enmiendas de las presentadas en enero se van a poder seguir defendiendo en la comisión. No obstante, siempre habrá opción a pactar enmiendas transaccionales que, a diferencia de lo que ocurre en el Pleno del Congreso, su votación no necesitará el visto bueno de todos los demás grupos.
La investigación a "Tsunami Democràtic"
Uno de los principales objetivos de la amnistía era amparar al expresidente catalán huido y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa donde se investigan los disturbios supuestamente orquestados por "Tsunami Democràtic" en el otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del procés.
Sin embargo, en las últimas semanas el juez instructor, Manuel García Castellón, ha señalado a través de sus resoluciones varios puntos flacos. Así, investiga la muerte de un turista francés por un infarto en el marco de los disturbios desatados en El Prat el 14 de octubre de 2019, que cree que es directamente imputable a los responsables de los altercados provocados en el aeropuerto catalán.
También ha indicado que las graves lesiones que sufrieron dos policías por los desórdenes posteriores a la sentencia del procés son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos", atribuyendo además una intención homicida a los responsables de dichas lesiones.
Asimismo, desde el primer momento puso el foco en la directiva europea 2017/541, que establece la obligación de los Estados miembro no solo de perseguir los actos de terrorismo sino de castigarlos, y en otra directiva europea sobre infraestructuras clave (como los aeropuertos).
Esta misma semana, ha intentado estrechar el cerco al poner sobre la mesa otros tratados para apuntalar su tesis, entre ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y el Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, así como sus anexos sobre seguridad de la aviación civil.
