Confianza quebrada

Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad”. Pedro Sánchez se expresó con estas palabras en Urda, localidad toledana donde se produjo el terrible accidente ferroviario del pasado miércoles. El presidente, pero no solo él, ha elegido este modo sintético de inducir titulares rotundos, exentos de matices. Mensajes afilados que quedan clavados en el cerebro del receptor para ser, a su vez, redirigidos en tertulias de amigos, en la conversación familiar de sobremesa y en el subconsciente colectivo. En este caso, se supone, para aplaudir en Sánchez su sinceridad, exención de responsabilidades y rigor reforzado. Diagnosticar el mal es el primer paso para su remedio.

La realidad, claro, resulta ser más tozuda y menos maleable a los titulares oportunistas, por bienintencionados que estos sean. El presidente del Gobierno podría, después de ocho años con despacho abierto en el palacio de la Moncloa, ejercitar la autocrítica y asumir la parte de responsabilidad que le cabe, que no es poca. En mi ayuda vienen los innumerables datos vertidos estos días para documentar la insuficiente inversión en labores de mantenimiento y modernización de la red ferroviaria de alta velocidad. Cifras comparativas con otras infraestructuras europeas y en el incumplimiento de los propios planes establecidos, consúltese a la ahora locuaz Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif entre 2018 y 2021.

Conviene, en este punto, no olvidar que los nombramientos del presidente del administrador ferroviario, como los de Renfe, son materia reservada al consejo de ministros. De ahí que cualquier referencia a la quiebra de la confianza en el sistema de la alta velocidad sea una cuestión que atañe muy directamente al propio jefe del ejecutivo. Pero no solo. Los 15.000 empleados de Adif, otros tantos en Renfe y operadoras privadas, con su incalculable experiencia ferroviaria acumulada; los más de cuarenta millones de usuarios anuales de la alta velocidad española y los cientos de empresas suministradoras de material rodante y de la infraestructura, las instaladoras y proveedoras en tareas de mantenimiento y, si me apuran, hasta la deuda moral con las víctimas y sus allegados, son un capital de tal calibre que su administración merece toda la responsabilidad y mesura de la que se sea capaz. Puestos a reconocer quiebras, el presidente puede mirar hacia su responsable ministerial en Transportes y Movilidad, inhabilitado en la práctica para la política.

El sector ferroviario español necesita recuperar los estándares de seguridad existentes no hace tantos años, a la cabeza de Europa. La alta velocidad es en nuestro país, globalmente, una historia de éxito, a la que los accidentes de Adamuz y Urda, como antes el de Angrois, deben servir de aprendizaje correctivo antes que de autocastigo. Será el mejor indicador del respeto debido a las víctimas.