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Los buses escolares, los transportes a centros sociosanitarios y los buses de trabajadores estarán entre los servicios mínimos de la huelga en el transporte de viajeros en Galicia, que se llevará a cabo este viernes, 31 de marzo.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves los servicios mínimos establecidos para la huelga, que tratarán de garantizar los derechos de acceso a la educación, al trabajo o a la protección de las personas usuarias de centros de día de atención a mayores.
Se han marcado una serie de trayectos esenciales relacionados con servicios públicos de transporte regular de uso general o servicios de transporte especial de escolares a los centros de estudio cuyo trayecto sea superior a los 4 kilómetros.
También se establece como mínimos los servicios de uso especial para el transporte de trabajadores en todas las expediciones anteriores a las 09,00 horas y posteriores a las 18,00 horas.
Los transportes de usuarios a centros socioasistenciales para la atención diurna a personas mayores son servicios mínimos entre las 08,00 horas y las 11,30 horas, para dar entrada a los mismos, y entre las 17,00 y las 20,00 horas, para su salida.
La huelga, convocada por la Confederación Intersindical Galega (CIG), Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), responde a la protesta por la paralización en la negociación de los cuatro convenios provinciales, la denuncia de la situación precaria del sector y por los problemas de seguridad en los autobuses.
Los sindicatos han manifestado su descontento por el establecimiento de los servicios mínimos, que consideran "abusivos", ya que aseguran que implica una actividad media del 80% que llega al 100% en horas punta.
La huelga de transportes llega en un periodo de gran actividad, justo antes de las festividades de Semana Santa, en plena polémica por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre el entendimiento entre las empresas Monbus y Alsa, y la orden a la Comisión Galega da Competencia a incoar un expediente sancionador "por indicios de repartirse el mercado" al presentarse a varios contratos para transporte por carretera en Galicia en 2020.
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