El lotero de A Coruña que se quedó con una primitiva millonaria se enfrenta a 6 años de cárcel

Audiencia Provincial de A Coruña. EFE
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Fiscalía pide seis años de cárcel para el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una primitiva millonaria

El Ministerio Fiscal pide penas de cárcel para el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una primitiva millonaria, por importe de 4,7 millones de euros, y para su hermano, que era delegado de Loterías en 2012 cuando, presuntamente, se produjeron los hechos.

Serán los únicos a los que se juzgará después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase en su día sus recursos y sí admitiese el formulado por la Abogacía del Estado y acordase el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cuatro investigados, altos cargos de Loterías del Estado en el momento de los hechos.

Se trata de un caso en el que varias personas se postularon como posibles dueños y con el argumento del lotero de que no había aparecido el propietario del boleto premiado. Al año siguiente de sellarse, el Ayuntamiento de A Coruña inició un "expediente de hallazgo" para buscar al ganador del billete premiado, que el lotero dijo haber encontrado en su administración de la plaza de San Agustín, en A Coruña.

Con posterioridad, se inició la investigación policial. En ella, se cuestionó la versión facilitada por el hombre sobre el hallazgo casual del boleto llegando a considerarse que le ocultó el premio al verdadero dueño, apuntando la investigación a un legítimo propietario, ya fallecido, y cuyos heredereos ahora reclaman el premio.

Tampoco se descartó posibles responsabilidades por parte de su hermano y de representantes de Loterías del Estado en el momento de los hechos, aunque en el caso de estos últimos se acordó el sobreseimiento provisional.

Los hechos, según la Fiscalía

Ahora, en su escrito, remitido al Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña por ser el competente en un caso para el que no hay fecha de juicio, Fiscalía, según ha informado, sostiene que el hombre fallecido y al que se considera el propietario, acudió al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sobre lo sucedido, subraya que este tenía la obligación de "devolver el resguardo premiado a su titular para que procediese al cobro del premio" cuando este acudió en julio de 2012 a averiguar si estaban premiados los boletos que había comprado.

Sin embargo, sostiene que el lotero "conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para sí, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal".

"Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña", en la que estaba al frente su hermano "con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor".

"Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano", asegura que este "se dispuso a allanar el camino" con actos tendentes "a disfrazar el verdadero origen del boleto" a los efectos de que se pudiese "hacer efectivo el premio". También señala que "omitió toda actuació, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto".

Penas

"Desde ese momento los acusados desplegaron una actuación continuada para evitar la incoación de cualquier procedimiento que pudiese retrasar el cobro efectivo del boleto", añade el Ministerio Público quien subraya que realizaron diversas peticiones de cobro cuando ya estaban incoados procedimientos civiles de reclamación de la titularidad. El mismo, precisa, sigue depositado en Loterías del Estado, sin que se haya producido su cobro.

En su escrito, Fiscalía pide una pena de seis años de prisión por un delito de estafa o, alternativamente, de apropiación indebida para el lotero. En el caso de su hermano, solicita la misma pena por blanqueo de capitales o, de forma alternativa, tres años de cárcel por encubrimiento.

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