Los jueces reclaman a los legisladores que articulen normas comunes en todas las comunidades
Jueces expertos en derecho administrativo concluyeron ayer en la Escuela de Verano del Poder Judicial que se desarrolla en el Pazo de Mariñán de Bergondo (A Coruña) la necesidad de unificar normas para proteger el patrimonio del Camino de Santiago. En una mesa redonda cuyo objeto a debate fue la protección de los Caminos a su paso por las comunidades autónomas y el examen de los diversos regímenes de protección que se pueden defender antes los jueces españoles, los magistrados entienden que los legisladores deben poner orden para establecer el control y una regulación común para una efectiva intervención administrativa en materia de protección, ya que en la actualidad la diversidad de normas lo dificulta.
El magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamarro, defendió como ponente la necesidad de que los poderes públicos en general “ejerzan su potestad de tutela desde el punto de vista del interés general porque no hay ninguna duda de que el patrimonio cultural es parte del interés general” y recordó al auditorio que los distintos itinerarios del Camino de Santiago precisan “con mayor o menor nivel de intensidad” un marco normativo común.
María Azucena Recio González, magistrada y presidente de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, cree que es necesario habilitar “el paraguas institucional para vigilar y regular esas competencias”, y, en concreto, en el caso de Galicia para poder actuar contra “las aberraciones paisajísticas y los abusos urbanísticos que existen a lo largo del Camino”, reconoció. La coordinación y la unificación de criterios incluso afecta al ámbito local ya que, según afirma la magistrada gallega, “nos encontramos con el problema de la falta de coordinación en el ámbito autonómico de Galicia y el ámbito competencial municipal”, de modo que un conflicto entre ambas administraciones puede defenderse técnicamente desde ópticas divergentes.
Los magistrados comparten la idea de que es bueno que existan “conceptos jurídicos indeterminados” y que es parte de su trabajo reservar un papel de interpretación de las normas a la hora de establecer una sentencia, pero subrayan que el conflicto entre lo local y lo autonómico se complica cuando “nos hace falta acudir a técnicos” que pueden defender algún interés concreto, sobre todo, cuando concurren como parte de una de ellas. El magistrado Chamorro cree que la dispersión normativa que existe entre las comunidades autónomas e “incluso dentro de la legislación de las propias comunidades autónomas” debe solventarse mediante la elaboración de normas que “refundan las potestades y las regulaciones de las distintas administraciones y de los distintos ámbitos de cada administración en relación con el Camino”, explicó a los asistentes.
