La Corporación de Maside acordó la delegación de competencias en la Diputación provincial para la valoración de los desperfectos causados por las obras del AVE y de la autopista libre de peaje en la red de carreteras del municipio. La oposición popular apoyó la propuesta de la alcaldía, si bien calificó de aberrante recurrir al ente provincial con este fin. El PP también votó a favor de la recalificación urbanística de terrenos para construir viviendas dignas para los habitantes de chabolas en A Fontela.
Los desperfectos causados por los trabajos de apertura de la línea del tren de alta velocidad (AVE) y de la autopista libre de peaje AG-53 en la red viaria pública de Maside deberán ser valorados por los técnicos de la Diputación de Ourense. Y es que la Corporación municipal acordó ayer una delegación de competencias, propuesta por el equipo de gobierno del socialista Celso Fernández (seis concejales) y que tuvo el apoyo de los tres ediles del PP que acudieron a la sesión plenaria.
El regidor justificó esta medida, xa que os servizos municipais que posuimos non están cualificados para levar a cabo un reconto dos danos provocados polas obras do tren e da autoestrada nos viais de Maside. Sin embargo, el portavoz popular, Casimiro Campo, señaló que párecenme tan aberrantes os danos causados como que agora o Concello recurra á Deputación para valoralos, cando hai un técnico municipal que pode falar cos xefes das empresas para que os reparen.
Chabolismo
Celso Fernández indicó al concejal del PP que non ten claro o papel da deputación, que non son un órgano partidista coma pensa vostede senón unha institución á que ós concellos poden pedir auxilio cando non teñen capacidade para levar a cabo unha xestión. La misma unanimidad entre gobierno y oposición se tradujo en la aprobación provisional de la recalificación urbanística que permite la construcción de 22 nuevas viviendas para la comunidad de etnia gitana que habita las chabolas de A Fontela.
El acuerdo plenario será remitido esta misma semana a la conselleira de Política Territorial con el fin de elevarlo a definitivo y dar luz verde a una inversión de 2,3 millones de euros para la ejecución del proyecto, financiado por Vicepresidencia, Vivenda y el propio Concello.
PRESUPUESTOS
Una inversión de 100.000 euros Los ediles del PP se abstuvieron en la aprobación de los presupuestos de 2008 porque non tivemos tempo de miralos, aseguraron. Con un montante de 1,3 millones de euros, Celso Fernández apuntó que triplicamos o esforzo inversor ata chegar ós 100.000 euros, con máis gasto en asuntos sociais.
El regidor justificó esta medida, xa que os servizos municipais que posuimos non están cualificados para levar a cabo un reconto dos danos provocados polas obras do tren e da autoestrada nos viais de Maside. Sin embargo, el portavoz popular, Casimiro Campo, señaló que párecenme tan aberrantes os danos causados como que agora o Concello recurra á Deputación para valoralos, cando hai un técnico municipal que pode falar cos xefes das empresas para que os reparen.
Chabolismo
Celso Fernández indicó al concejal del PP que non ten claro o papel da deputación, que non son un órgano partidista coma pensa vostede senón unha institución á que ós concellos poden pedir auxilio cando non teñen capacidade para levar a cabo unha xestión. La misma unanimidad entre gobierno y oposición se tradujo en la aprobación provisional de la recalificación urbanística que permite la construcción de 22 nuevas viviendas para la comunidad de etnia gitana que habita las chabolas de A Fontela.
El acuerdo plenario será remitido esta misma semana a la conselleira de Política Territorial con el fin de elevarlo a definitivo y dar luz verde a una inversión de 2,3 millones de euros para la ejecución del proyecto, financiado por Vicepresidencia, Vivenda y el propio Concello.
PRESUPUESTOS
Una inversión de 100.000 euros Los ediles del PP se abstuvieron en la aprobación de los presupuestos de 2008 porque non tivemos tempo de miralos, aseguraron. Con un montante de 1,3 millones de euros, Celso Fernández apuntó que triplicamos o esforzo inversor ata chegar ós 100.000 euros, con máis gasto en asuntos sociais.
