El alcalde de Rairiz de Veiga, Xosé Rodríguez Ambrosio, quien encabezó la lista del PP como independiente, fue juzgado por un delito de desobediencia a la autoridad judicial, una acusación por la que la fiscal reclamó ayer nueve meses de prisión. Según el ministerio público, desoyó al Juzgado de lo Social número 3 en cuatro ocasiones, entre septiembre de 2010 y marzo de 2011, para que abonara 4.680 euros a una trabajadora a la que dejó sin empleo y sueldo dos meses, una sanción que después la autoridad judicial dejó sin efecto.
No obstante, el edil señaló ante la jueza de lo Penal 2 que su actitud no se debió a un menosprecio a lo ordenado por la autoridad judicial sino que derivó de la imposibilidad económica objetiva del Concello para hacer frente a ese pago dada la penuria financiera por la que pasa el ente local, una circunstancia que fue acreditada en el procedimiento (deuda cifrada en más de medio millón de euros en 2012) .
El propio mandatario local recordó que en aquel momento también había otros trabajadores a los que el Concello debía dinero, incluso en cantidades superiores y en concepto de salarios a cuyo pago también estaba condenado el ente local por resolución judicial ejecutiva (más de 30.000 euros). Rodríguez Ambrosio destacó que no quiso en ningún momento desobedecer a la jueza sino que se trataba de un problema de liquidez derivado 'da gran débeda e da gran cantidade de pagos pendentes de tódolos concellos'. También recordó que ese monto ya estaba satisfecho a día .
Mientras que para la fiscal el regidor de Rairiz de Veiga desdeñó a la autoridad judicial por no atender en plazo sus requerimientos, el letrado de la defensa adujo que 'en ningún momento menospreciou nin fixo unha desatención obstinada ó cumprimento dos requerimentos do xuzgado do social'. Recordó que hubo un imposibilidad objetiva para abonar la deuda en 2010 y que, por lo tanto, el ente local debió pedir un aplazamiento.
El propio mandatario local recordó que en aquel momento también había otros trabajadores a los que el Concello debía dinero, incluso en cantidades superiores y en concepto de salarios a cuyo pago también estaba condenado el ente local por resolución judicial ejecutiva (más de 30.000 euros). Rodríguez Ambrosio destacó que no quiso en ningún momento desobedecer a la jueza sino que se trataba de un problema de liquidez derivado 'da gran débeda e da gran cantidade de pagos pendentes de tódolos concellos'. También recordó que ese monto ya estaba satisfecho a día .
Mientras que para la fiscal el regidor de Rairiz de Veiga desdeñó a la autoridad judicial por no atender en plazo sus requerimientos, el letrado de la defensa adujo que 'en ningún momento menospreciou nin fixo unha desatención obstinada ó cumprimento dos requerimentos do xuzgado do social'. Recordó que hubo un imposibilidad objetiva para abonar la deuda en 2010 y que, por lo tanto, el ente local debió pedir un aplazamiento.
