Crisis del coronavirus

Aluvión de litigios tras la cuarentena

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photo_camera El edificio judicial de O Couto, sin actividad, con los pasillos vacíos.
Los juzgados ourensanos, con más de 13.600 asuntos pendientes, afrontarán una carga de trabajo importante cuando se levante el estado de alarma, por la incidencia de la crisis sanitaria en las jurisdicciones civil, social y contenciosa-administrativa

La actividad judicial lleva casi un mes prácticamente paralizada tras la declaración del estado de alarma. Todo ha quedado en la nevera, salvo un puñado de asuntos que tienen la categoría de urgentes (causas con preso, detenidos, menores, violencia de género...). Los escritos registrados y resoluciones judiciales representan ahora el 3% de la actividad con respecto a un día ordinario, según cálculos aproximados del Colegio de Procuradores.

Los juzgados de instrucción de toda la provincia no sobrepasan los 25 escritos por día, una cifra que denota "una parálisis total", valora el presidente de la Audiencia, Antonio Piña. Aunque no se tramite nade que no sea urgente, se intenta resolver todo lo pendiente desde casa. "Las salas de la Audiencia y el TSXG deliberan por vía telemática y con una aplicación muy sencilla se tiene acceso al visor, al portafirmas y la intranet de Xustiza", comenta.

Los juzgados y tribunales ourensanos, que a lo largo del pasado año comenzaron a recuperarse del lastre que provocaron los casi cinco meses de la huelga de funcionarios en 2018, iniciaron el año con 13.648 asuntos pendientes tras ingresar en 12 meses 33.916 (un 4,7 menos que un año antes). Pero este descenso será un espejismo ante la crisis del COVID-19.

En la provincia, los juzgados sociales, el Mercantil y el de Familia serán los más afectados por la pandemia del coronavirus; en el resto "el propio sistema irá absorbiendo los asuntos acumulados", valora Piña. Y aunque los juicios aplazados son muchos -en los juzgados de lo Penal en torno a 40  por cada semana de confinamiento excluyendo la Semana Santa -, "todos los señalamientos suspendidos tendrán preferencia y se celebrarán cuanto antes". 

Mercantil

Las consecuencias económicas  derivadas de las medidas adoptadas con motivo de la emergencia sanitaria repercutirá directamente en un ya de por sí sobrecargado Juzgado de Instancia 4 (Mercantil único para toda la provincia) y que resuelve los procesos concursales que afectan tanto a empresas como personas físicas: desde una pequeña cafetería regentada por un hostelero hasta una constructora que cierran  la persiana.
 

El Consejo General del Poder Judicial, en el ambicioso plan de choque que prepara para evitar el colapso tras el fin del estado de alarma, cree que, en esta jurisdicción, son necesarias medidas encaminadas a racionalizar el trabajo de la oficina judicial, evitando que las reclamaciones en masa que no son prioritarias colapsen la tramitación de los procedimientos de insolvencia. Propone, entre otras, medidas encaminadas a permitir una nueva negociación de la deuda a quienes están cumpliendo un convenio, acuerdos extrajudiciales de pagos o de refinanciación.  

Familia

El pasado año, tras el verano, Instancia 6 (Familia)  incorporó a un juez de refuerzo ante el gran colapso que sufría. La carga de trabajo se alivió algo pero las consecuencias de las medidas de paralización de la actividad laboral adoptadas durante la estado de alarma, con 15.313 trabajadores afectados por un ERTE en la provincia a día de ayer, repercutirán, sin duda, a las relaciones económicas entre los cónyuges. Habrá peticiones de modificación de medidas por parte de los afectados por despedidos, pero también solicitudes de compensación de días de visitas a los hijos para los progenitores afectados por la cuarentena. Y hay quienes auguran que el confinamiento dará la estocada a muchas relaciones de pareja en crisis.

 

Social

Los cuatros juzgados sociales  ingresaron el pasado año 3.719 asuntos, un 3,4% más que en 2018, con un media de 238 pleitos sin resolver por órgano antes de la crisis sanitaria. Esta es la jurisdicción donde se prevé el gran impacto a lo largo de todo 2020 por el aluvión de procesos de despido, extinciones de contrato , reclamaciones de salarios en materia de prestaciones por desempleo o por el cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Ante esta coyuntura, el CGPJ propone reformas en materia procesal  como la ampliación de los plazos de caducidad en la mediación o conciliación o la realización de los actos de conciliación y juicio en dos convocatorias diferentes. Aboga por la comunicación telemática de los juzgados con los servicios de mediación (Fogasa) y potenciar el dictado de sentencias "in voce".

Contencioso-administrativo

En la provincia, las propuestas de sanción por burlar el confinamiento superan ya el millar. La multas son elevadas (601 euros de media) por lo que se prevé una avalancha de recursos contra la Administración. Pero, además, las medidas adoptadas para combatir el coronavirus van a tener repercusión en materia contractual (la mayor parte de los contratos del sector público han quedado suspendidos), expropiatoria (medidas de requisa y adscripción de medios personales de terceros), entre otras muchas.
Esta jurisdicción ya el pasado año ingresó un 11,2% más de asuntos, con 276 casos pendientes por juzgado.

 

PENAL

En estas últimas semanas la delincuencia bajó, por lo que la incidencia, a priori, no irá más allá de la parálisis de los plazos procesales relativos a casos que están vivos en instrucción. 

 

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