El arranque de la cuarta sesión de la operación Zamburiña contra el tráfico de drogas en Ourense, con 13 investigados, cuatro de ellos policías nacionales, resultó poderoso. La magistrada Ana del Carmen Blanco Arce hizo tres anuncios importantes, dos buenos y uno muy malo para la acusación pública en respuesta a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los inculpados la semana pasada , alegando vulneración de derechos fundamentales.
Y fue de menos a más: la sala no acordó la suspensión del juicio; validó al juez instructor de la operación antidroga, aunque reconoció que hubo "una inadecuada interpretación de las normas de reparto". La ponente dejó para el final la decisión "bomba". El tribunal, que hasta la fecha había permitido seguir adelante con el procedimiento a través de los recursos de apelación planteados por las defensas, no refrendó el auto de 5 de marzo de 2015 de Instrucción 1 que amparaba las intervenciones telefónicas que le pedía Asuntos Internos para investigar a nueve agentes de la Policía Nacional.
Esas escuchas derivaron posteriormente en los registros domiciliarios en los que aparecieron casi siete kilos de cocaína y heroína, la mayor parte atribuida a Josefa P.G., Pucha. Tampoco, al ser nulo ese auto, puede ser tenida en cuenta la declaración autoinculpatoria de la principal encausada -la fiscal le pide 13 años de cárcel-, en la que incriminó a lo policías -aseguró que le pasaban información-.
De esta forma, se desmorona el armazón que sostenía la acusación porque se queda sin la prueba de cargo en la que basaba su escrito de calificación provisional. O lo que es lo mismo, la instrucción materializada en 30 tomos y casi seis años de instrucción, quedó tocada y hundida, dejando al ministerio público fuera de combate .
Hasta este martes, cuando se reanuda la vista, no se sabrán los pasos que dará. Entre las opciones barajadas podría incluirse la retirada de la acusación, lo que la dejaría sin la opción de poder buscar el auxilio del Supremo, o bien comenzar con el interrogatorio del inspector de Asuntos Internos que comandó la investigación y agarrarse a lo que pueda para intentar acabar un juicio descafeinado.
Para la Audiencia de Ourense, el oficio que hizo llegar Asuntos Internos al juez justificando los pinchazos a nueve policías está basado en conjeturas y no debió pasar de un mero expediente profesional informativo. Tomó como fuente de conocimiento un anónimo que hablaba de corrupción policial y que no aportó el juez. El hecho de estar ante un informante no identificado requiere mayor celo en la verosimilitud de su contenido, aseguró Blanco Arce. Se incluía que hubo intervenciones policiales irregulares del inspector Antonio R.F. en operaciones antidroga, algo que no se justificó. Y mucho menos no considera un indicio con peso para conculcar el secreto de las comunicaciones el "encuentro casual" entre Antonio R.F. y un sospechoso de narcotráfico en un bar. Sin olvidar que el oficio liga de "forma general" al exjefe del grupo de drogas de la Comisaría con la sustracción de las armas. En cuanto a los accesos considerados ilícitos a las bases de datos para buscar matrículas de coches policiales y DNIs, en base a una auditoría interna, "no fue aportada en ese momento". Además, recalcó que no son de apariencia delictiva.
Valoraciones
Sierra :“¿Qué ocurre con estas personas que han sido acusadas de forma tendenciosa?"
Las reacciones a la nulidad de las escuchas que amparaban la Zamburiña no se hicieron esperar. Mientras que la fiscal pedía un aplazamiento para reconsiderar su postura ante una noticia "sorpresiva" -la sala le otorgó 24 horas- , las defensas de los acusados celebraban la postura de la Audiencia. En el caso del inspector Antonio R.F., apartado del servicio activo desde que fuera detenido en noviembre de 2015, la esperada sentencia absolutoria le permitiría reincorporarse al cuerpo. "La fiscal ya no tiene nada para sustentar la acusación", valoraba la abogada Beatriz Seijo.
El abogado de, Josefa P.G., Pucha, Jorge Temes, elogia al tribunal: "Es una garantía de imparcialidad judicial"
El hecho de que la incautación de casi siete kilos de droga quede impune no es menos grave, para Seijo, que unas intervenciones telefónicas "se hagan sin contar con la estricta legalidad". "Para el ciudadano es más importante saber que cuando se interviene un teléfono se hace dentro de la estricta legalidad y todo el mundo tiene derecho, incluidos los policías".
El mensaje, para la letrada, sería que es necesario incautar droga, tal como hacían los policías acusados cuando trabajaban, pero no a cualquier precio".
Una sentencia absolutoria en la Zamburiña, recordó la letrada, considera que afectará a la querella que interpuso Antonio R.F. por la actuación de Asuntos Internos (otra contra los gemelos Roy y Bernardo D.L., a quien les atribuye la autoría del anónimo para perjudicarle).
Ramón Sierra, el abogado que representa a otros dos de los policías imputados, Felipe M.A. y Mercedes C.G., jubilados a raíz de este asunto, valoró como "lógica" la decisión de la Audiencia. "Se ha hecho justicia, porque durante cinco años estas personas, cuyo juicio aun no acabó, han vivido un sinvivir y buena parte ya no están como funcionarios policiales, y eso es irremediable", aseguró. Y lanzó una pregunta: "¿Qué ocurre con estas personas que han sido acusadas de forma tendenciosa?". En el caso de los policías, según añadió, se les privó en este tiempo "de la esencia de su vida, su trabajo como policía". E invitó a reflexionar sobre lo qué ha ocurrido en este caso. El abogado recordó que si la información que hizo llegar Asuntos Internos al juez instructor fuese completa "a lo mejor hubiese adoptado otras medidas".
Jorge Temes, el abogado de Josefa P.G., la acusada para la que se pedía mayor pena de prisión, admitió que tuvo dudas sobre "si la Audiencia de Ourense sería capaz de cargarse una instrucción ilícita y hacer prevalecer los derechos fundamentales de los acusados, pero fue capaz". Y brindó elogios a la sala: "Es una garantía de imparcialidad judicial".
Al letrado, la decisión no le causó sorpresa , como a la fiscal, pero sí le resultó "llamativa". "Fue una instrucción muy larga, con muchas personas involucradas, en la que se conculcaron muchos derechos constitucionales", valoró.
Y por encima de la droga están, recordó, los derechos fundamentales. "El derecho penal tiene unos resortes -recordó- y "pivota en la garantía judicial". Recalcó que "es mejor que, por falta de habilitación judicial salga absuelto, que me intervengan las comunicaciones cuando no hay derecho a hacerlo". A su entender, "se puso la comisaría patas arriba de Ourense, interviniendo los teléfonos de nueve policías, con un auto totalmente inmotivado".
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuya asesoría legal se hizo cargo de la defensa del policía José Antonio R.F., mostró su satisfacción por la resolución de la Audiencia. "Estamos muy satisfechos con la resolución del tribunal", valoró el secretario gallego, Roberto González, si bien recordó que en estos años se dañó en gran medida "la imagen de la institución policial".
El SUP tomó parte activa desde un primer momento en este caso, al posicionarse a favor de los cuatro policías investigados. "Las personas que tenían que sentarse en el banquillo son otras", apostilló .
