Zamburiña: el macrojuicio de drogas en el que todo se juzga

En Madrid, Galicia sabe a mar, e igual que el juez Garzón aglutinó en la "Nécora" de los años 90 del siglo pasado a los históricos capos gallegos del narcotráfico, Asuntos Internos, la unidad policial que investiga la corrupción en el cuerpo, agrupó en la "Zamburiña" de Ourense a dos bandas criminales de supuestos traficantes y a cuatro policías acusados de brindarles protección y neutralizar a la competencia. Este lunes está previsto que comience un macrojuicio sin procedentes, aunque uno de los imputados comunicó el viernes que tiene sintomatología compatible con covid-19 y podría afectar al desarrollo de la vista. Será el más largo de la historia de la Audiencia provincial, marcado por las limitaciones de seguridad que impone la pandemia. Pero es, además, un asunto penal que trasciende la esfera judicial. Está lo que se conoce por los casi 30 tomos del sumario y lo que se intuye. Otros dos asuntos aún en instrucción guardan relación colateralmente con la Zamburiña: el homicidio de un agente en abril de 2016 y el robo de pistolas en el armero de la comisaría en agosto de 2014. En la vista, con una semana reservada a las cuestiones previas, no solo se enjuiciará a los que están, 13 investigados. Se juzgará una forma de ser y hasta de trabajar, con líneas rectas que se hicieron curvas en la sede de la Policía Nacional de As Lagoas. En la causa figuran como procesados cuatro policías del Grupo de Estupefacientes en 2015. La fiscal los acusa de favorecer a traficantes de droga y dejarles operar a sus anchas -habla de "colaboración simbiótica"- a cambio de soplos con los que obtener "crédito corporativo" en forma de incautaciones y reconocimiento por parte de sus superiores. Están acusados de permitir que Josefa P.G., alias Pucha o la Rubia, renaciera de sus cenizas tras haber pasado una temporada en prisión por otro asunto contra la salud pública. En el momento de su detención, guardaba en las tres viviendas que se le atribuyen casi siete kilos de cocaína y heroína. La Rubia no es nadie entre los grandes del narcotráfico gallego, pero en Ourense se ha forjado un nombre y, lo más importante, infunde respeto porque tiene contactos. El caso, según aseguran fuentes jurídicas, abre un interesante debate procesal. Todos los abogados de los imputados plantean la nulidad de actuaciones en base a la doctrina de los frutos del árbol envenenado: las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita vician el proceso y deben ser declaradas nulas. Las pruebas son las comprometidas conversaciones telefónicas entre policías y ladrones -traficantes- y los registros en los que se halló droga, casi 82.000 euros y dos armas. Los agentes investigados, que ahora no están en activo dentro el cuerpo, aseguran que fueron víctimas de una conspiración, que atribuyen a otros tres policías, uno fallecido en extrañas circunstancias, sumario en el que están siendo investigados por asesinato los otros dos, hermanos gemelos. La motivación, un sentimiento tan atávico como humano, la envidia. El plan, sostienen, funcionó a la perfección, porque Asuntos Internos y el juez instructor, Leonardo Álvarez, mordieron el anzuelo. Creyeron a pies juntillas un anónimo que les alertaba de una trama, con pruebas prefabricadas, dentro de la Comisaría, en la que aparecían nombres y apellidos y una retahíla de delitos como el robo de armas en las instalaciones policiales (asunto en el que están imputados los hermanos gemelos). Pero ese anónimo -atribuido en las diligencias del homicidio a los tres policías recelosos- y una pequeña investigación preliminar, en la que se incluyeron seguimientos y controvertidos atestados del grupo de drogas, dieron pie a meses de pinchazos telefónicos, autorizados por el juez, que destaparon el colegueo. Estos últimos insisten en que se mostraban cercanos para conseguir información de meros confidentes. La fiscal no se lo cree y a las pruebas se remite: las intervenciones telefónicas permitieron la incautación de un importante alijo de droga, de los que pocas veces se consiguen en la ciudad. Ahora, durante las próximas semanas le toca a la Audiencia aclarar si la Zamburiña puede estar a la altura de una Nécora. ¿Quién es quién en este proceso? La fiscal acusa a cuatro agentes del grupo de drogas del año 2015, periodo de la investigación. La pena más elevada, hasta 11 años y cuatro meses de cárcel, además de multa e inhabilitación, la pide para Antonio R.F., el exjefe de Estupefacientes. Le endosa hasta cuatro delitos: contra la salud pública, revelación de secretos , uso ilegal de datos de un soporte informático y omisión del deber de perseguir delitos. Los otros policías imputados son: Felipe M.A.,Mercedes C.G. y José Antonio R.F., para este último solo pide multa. A los traficantes, el ministerio público los aglutina en dos grupos. Uno estaría liderado por Josefa P.G., "Pucha", en el que Rachid E. aparece en el sumario como su lugarteniente. Pucha, quien llegó a tirar de la manta al ser detenida y decir dónde estaba la droga, es la inculpada para la que se reclama más condena, hasta 13 años por narcotráfico, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas (una pistola eléctrica). La fiscal incluye en su grupo a María B.G. y Xacobe B.F. ,pero como piezas menores. El otro bando estaría formado por José Ramón R.R., alias Tronquito, su mujer, Estrella D.G., y Francisco Javier G.C., "Pelao". Los otros dos investigados en la trama, Fátima F.G. y el pontevedrés José V.V., "Josito", aparecen como suministradores para ambos grupos. La investigación de Asuntos Internos comenzó en noviembre de 2014 tras la recepción del anónimo y el 14 de marzo de 2015 solicitó al juez las intervenciones telefónicas de hasta nueve policías. Las múltiples detenciones y registros no se sucedieron hasta el 10 de noviembre de 2015, víspera de San Martiño. En un principio fueron 16 las personas investigadas pero finalmente la acusación se formalizó contra 13.