El Ministerio de Transportes ha publicado un contrato para analizar el impacto que tendría en varias autopistas el fin de la concesión privada, entre ellas la AP-6, la autopista que utilizan los ourensanos en sus desplazamientos a Madrid, que pasará a ser gratuita en cinco años, según el Gobierno.
El documento, disponible en la Plataforma de Contratación del Estado, señala que una vez finalizada la concesión el 19 de noviembre de 2029, “estas infraestructuras pasarán a ser gestionadas directamente por el Ministerio sin cobro de peaje al usuario”, al igual que sucedió desde 2018 con la AP-1 (Burgos-Armiñón), AP-4 (Sevilla-Cádiz), AP-7 (Alicante-Valencia-Tarragona y Tarragona-Barcelona) y AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo).
Como resultado de la apertura de las autopistas, es previsible que estas vías atraigan tráfico de otras carreteras libres de peaje, en particular la N-VI, la N-110 y la N-603, así como de vehículos que podrían circular debido a la reducción del coste generalizado.
Esto podría tener repercusiones, según el Ministerio de Transportes. Por ejemplo, la posible insuficiencia de capacidad en algunos enlaces de la autopista con otras carreteras, lo cual “podría requerir la remodelación de los enlaces existentes o la instalación de nuevos en otros lugares”.
En el documento, el ministerio prevé a evaluar la construcción de nuevos enlaces o la mejora de los existentes para mejorar la accesibilidad al territorio y las condiciones de explotación de las autopistas.
También se espera una falta de capacidad en las áreas de servicio existentes para atender la mayor demanda, especialmente de vehículos pesados, lo que podría requerir la ampliación de las existentes o la búsqueda de ubicaciones para nuevas gasolineras.
