Los cambios de clasificación en el suelo de la ciudad de Ourense derivados de la anulación definitiva del Plan Xeral de 2003 han afectado a más de 6.000 inmuebles, aunque es difícil de cuantificar la repercusión exacta, puesto que en el año que prácticamente ha transcurrido desde la sentencia del Supremo también se han producido altas en el catastro. Con todo, las cifras sitúan la reducción de las unidades urbanas de la ciudad en 6.160 menos que en 2011. Con esta caída, se han pasado de las más de 138.000 inmuebles urbanos en 2011 a los aproximadamente 132.000 de este año.
La diferencia de calificación y la conversión en rústica de terrenos urbanos no sólo tiene repercusión en el capital de sus propietarios sino que, a partir de este año, también incide en las cuentas municipales y en uno de sus principales modos de ingresos: el impuesto de bienes inmuebles (IBI), por el que el Concello ingresa en torno a los 25 millones de euros. Si hace un año se preveía que la disminución de los ingresos en esta materia se situaría en torno al millón de euros, la realidad confirma esa hipótesis, puesto que los servicios económicos del Concello cifran en un millón de euros la reducción registrada.
ESTABILIDAD
La situación es anómala, puesto que, según señalan desde el Concello, las bajas en el catastro no son habituales y los censos suelen mantenerse estables, aunque en los años del bum inmobiliario se registraron un importante número de altas. Es más, incluso en este periodo de cierto parón en el sector se producen altas en el censo del catastro, lo que conduce a pensar a los técnicos municipales que posiblemente el número de fincas que han visto rebajadas su calificación de urbana a rústica pueda ser mayor y verse compensado por estas altas realizadas.
Además del cambio de clasificación del suelo, otra de las cuestiones que afectan a las arcas municipales son los solares en los que el Plan de 1986 supone una pérdida de edificabilidad con respecto al de 2003 y, con ella, una variación de su valor catastral, como puede ocurrir en algunas de las torres previstas (de 14 alturas) que no estén incluidas en la ordenación urbanística provisional.
A esta disminución de los ingresos habrá que sumar los costes derivados de los recursos presentados por los particulares, basados en el cambio de clasificación del suelo. Al margen del pago del IBI, esta cuestión se sitúa ya en una cifra millonaria, ya que cuatro empresas han presentado ya reclamaciones patrimoniales por más de 24 millones de euros por los perjuicios económicos derivados de la nulidad del Plan Xeral, al ver cambiada la clasificación del suelo o por la pérdida de los aprovechamientos urbanísticos que se recogían en el planeamiento de 2003.
27 MILLONES DE EUROS INGRESADOS EL AÑO PASADO
El Concello ingresó en 2011 unos 27 millones de euros por el impuesto de bienes inmuebles, a pesar de que este tributo fue el que más notó los impagos provocados, entre otras cosas, por la crisis -346.220 euros menos con respecto a la recaudación del año anterior-. Para este año, el gobierno municipal todavía está ultimando los presupuestos, si bien tendrá que tener en cuenta la caída de ingresos derivada no sólo de esta cuestión sino también de la reducción de las participaciones de los tributos del Estado y la Xunta y, más que previsiblemente, de los impuestos vinculados al sector de la construcción. Según se ha reiterado en diversas ocasiones desde el gobierno municipal, su intención es que el bajón en los ingresos no repercuta en los servicios básicos que presta el Concello, como la ayuda a domicilio.
ESTABILIDAD
La situación es anómala, puesto que, según señalan desde el Concello, las bajas en el catastro no son habituales y los censos suelen mantenerse estables, aunque en los años del bum inmobiliario se registraron un importante número de altas. Es más, incluso en este periodo de cierto parón en el sector se producen altas en el censo del catastro, lo que conduce a pensar a los técnicos municipales que posiblemente el número de fincas que han visto rebajadas su calificación de urbana a rústica pueda ser mayor y verse compensado por estas altas realizadas.
Además del cambio de clasificación del suelo, otra de las cuestiones que afectan a las arcas municipales son los solares en los que el Plan de 1986 supone una pérdida de edificabilidad con respecto al de 2003 y, con ella, una variación de su valor catastral, como puede ocurrir en algunas de las torres previstas (de 14 alturas) que no estén incluidas en la ordenación urbanística provisional.
A esta disminución de los ingresos habrá que sumar los costes derivados de los recursos presentados por los particulares, basados en el cambio de clasificación del suelo. Al margen del pago del IBI, esta cuestión se sitúa ya en una cifra millonaria, ya que cuatro empresas han presentado ya reclamaciones patrimoniales por más de 24 millones de euros por los perjuicios económicos derivados de la nulidad del Plan Xeral, al ver cambiada la clasificación del suelo o por la pérdida de los aprovechamientos urbanísticos que se recogían en el planeamiento de 2003.
27 MILLONES DE EUROS INGRESADOS EL AÑO PASADO
El Concello ingresó en 2011 unos 27 millones de euros por el impuesto de bienes inmuebles, a pesar de que este tributo fue el que más notó los impagos provocados, entre otras cosas, por la crisis -346.220 euros menos con respecto a la recaudación del año anterior-. Para este año, el gobierno municipal todavía está ultimando los presupuestos, si bien tendrá que tener en cuenta la caída de ingresos derivada no sólo de esta cuestión sino también de la reducción de las participaciones de los tributos del Estado y la Xunta y, más que previsiblemente, de los impuestos vinculados al sector de la construcción. Según se ha reiterado en diversas ocasiones desde el gobierno municipal, su intención es que el bajón en los ingresos no repercuta en los servicios básicos que presta el Concello, como la ayuda a domicilio.
