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POSIBLE EMBARGO
El jueves 18 de julio, a última hora de la tarde, un BMW a nombre de Francisco Lorenzo, concejal de DO y encargado del área de Urbanismo, se veía implicado en un accidente al comienzo de la Avenida de Marín, en el barrio de A Ponte. Según los datos proporcionados por testigos oculares, el coche se estrelló contra una valla metálica situada frente al IES Blanco Amor, dándose posteriormente a la fuga sin comprobar los daños causados, y llevándose en la huida un trozo de la barrera de protección, que aún estaba bajo el coche cuando fue localizado a medio kilómetro del lugar del accidente en la calle José Antonio Moretón Alonso. Por el momento, no ha sido posible identificar al conductor del coche, y hasta ahora, la familia de Lorenzo ha negado que fuese él quien se encontrar al volante.
El impago de la tasa, que recauda el Concello donde gobierna Lorenzo, puede acarrear el embargo del coche
De acuerdo con los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el vehículo accidentado circulaba con la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) caducada, ya que debería haber realizado el trámite durante el mes de mayo. La fecha de caducidad está fechada en el día 9, por lo que lleva más de dos meses de retraso en el cumplimiento de esta norma de circulación, lo que supone enfrentarse a una posible sanción de hasta 200 euros. En caso de haber parado al conductor, la policía habría retirado el permiso de circulación del coche, que únicamente podría circular hasta un centro de inspección durante los siguientes diez días.
Al mismo tiempo, según la DGT, el BMW implicado en el siniestro del pasado jueves, que provocó daños en la acera y uno de los árboles que hay frente al instituto, tampoco tiene en regla el impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el conocido como impuesto de circulación, de carácter anual. Se trata de una tasa que recaudan los concellos, por lo que Lorenzo tendría este pago pendiente con el ayuntamiento del que es concejal y cuyo partido (Democracia Ourensana) gobierna. El impago de esta tasa, además de unos recargos por retraso de hasta el 20%, implica que el Concello puede embargar la propia cuenta del moroso, e incluso el coche en caso de ser necesario.
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