Hace 11 años que el Tribunal Superior de Xustiza ordenó al Concello ejecutar la demolición parcial del edificio ubicado en el antiguo número 54 (36 actual) de la avenida de As Caldas, de 12 viviendas. Después de numerosos vaivenes judiciales, que incluyeron la solicitud, posteriormente denegada, de inejecución de la sentencia de derribo, la junta de gobierno ha dado los primeros pasos para no continuar incumpliendo la resolución judicial. Así, ha aprobado la elaboración del proyecto de demolición parcial de la parte posterior del inmueble y de los gastos que implicará la redacción, que ascienden a 15.000 euros.
El siguiente paso está en manos del servicio de Patrimonio y Contratación, que será el que realizará los trámites preceptivos para la contratación del técnico competente para la elaboración del proyecto de demolición y, posteriormente, de una empresa especializada para ejecutar las obras.
De forma paralela, el Concello continúa las negociaciones con el edificio denunciante para intentar llegar a un acuerdo que evite, in extremis, la demolición. 'Si no llegamos a un acuerdo con los denunciantes tendremos que ejecutarlo', explica la concejala de Urbanismo, Áurea Soto. Y es que el conflicto judicial se inició en la década de los 80 cuando los propietarios de un edificio de la avenida de Marín denunciaron al ahora afectado por reducción de luces y vistas. Así, la licencia del inmueble de As Caldas fue anulada en 1989 -la decisión fue firme en 1992- desencadenando un pleito que culminó con la sentencia firme del Tribunal Superior, que obliga a la demolición parcial de la parte posterior del edificio, de modo que pueda circunscribirse un patio interior. De no llegar a un acuerdo, el Concello tendría que hacerse cargo de los costes, al haber otorgado licencia.
De forma paralela, el Concello continúa las negociaciones con el edificio denunciante para intentar llegar a un acuerdo que evite, in extremis, la demolición. 'Si no llegamos a un acuerdo con los denunciantes tendremos que ejecutarlo', explica la concejala de Urbanismo, Áurea Soto. Y es que el conflicto judicial se inició en la década de los 80 cuando los propietarios de un edificio de la avenida de Marín denunciaron al ahora afectado por reducción de luces y vistas. Así, la licencia del inmueble de As Caldas fue anulada en 1989 -la decisión fue firme en 1992- desencadenando un pleito que culminó con la sentencia firme del Tribunal Superior, que obliga a la demolición parcial de la parte posterior del edificio, de modo que pueda circunscribirse un patio interior. De no llegar a un acuerdo, el Concello tendría que hacerse cargo de los costes, al haber otorgado licencia.
