La operación Pokemon se destapó en Lugo, de la mano del exedil socialista de la capital lucense y antiguo presidente de la Confederación Hidrográfica del Miñi-Sil Francisco Fernández Liñares. Él, su esposa y dos empresarios protagonizan la llamada pieza principal del caso, que también tiene ramificaciones en Asturias y Cataluña, a través de otros dos procesos separados más.
PIEZA 1: CONCELLO DE LUGO
Esta pieza principal, como así la denomina la jueza Pilar de Lara, se continuará, según su auto, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, cometidos presuntamente por Fernández Liñarez; su esposa, Concepción Ferreiro, y por los empresarios Javier Manuel Reguera (ex responsable de la ORA en Lugo) y Manuel Santiso (gerente de Construcciones Sanle); y les añade los presuntos delitos contra la administración pública, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos y revelación de información privilegiada, en concierto con otros funcionarios y cargos públicos del Concello de Lugo. Cita expresamente la adjudicación del servicio de grúa a la empresa Cechalva, así como otras actividades delictivas de esta empresa y sus directivos. En esta pieza están imputados un total de 17 personas físicas y jurídicas, entre ellas el actual alcalde lucense el socialista López Orozco.
PIEZA 6: LA SELVA (GIRONA)
En esta pieza se concentran los presuntos delitos de tráfico de influencias y adjudicaciones ilícitas cometidos en el seno del Consell Comarcal de La Selva (Girona), a favor de la empresa GRS y en beneficio propio por Robert Fauria, en su calidad de presidente del Consell y alcalde de Sant Hilarí.
PIEZA 7: CANGAS DE NARCEA
Concentra las supuestas irregularidades cometidas en Asturias por Francisco Joaquín Fernández y Juan Carlos Guerrero, quienes 'se habrían concertado para la redacción de informes favorables a sus respectivos intereses' en Cangas de Narcea: gestión de tráfico y multas, limpieza y recogida de basuras, y compra de GPS para ese municipio.
Esta pieza principal, como así la denomina la jueza Pilar de Lara, se continuará, según su auto, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, cometidos presuntamente por Fernández Liñarez; su esposa, Concepción Ferreiro, y por los empresarios Javier Manuel Reguera (ex responsable de la ORA en Lugo) y Manuel Santiso (gerente de Construcciones Sanle); y les añade los presuntos delitos contra la administración pública, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos y revelación de información privilegiada, en concierto con otros funcionarios y cargos públicos del Concello de Lugo. Cita expresamente la adjudicación del servicio de grúa a la empresa Cechalva, así como otras actividades delictivas de esta empresa y sus directivos. En esta pieza están imputados un total de 17 personas físicas y jurídicas, entre ellas el actual alcalde lucense el socialista López Orozco.
PIEZA 6: LA SELVA (GIRONA)
En esta pieza se concentran los presuntos delitos de tráfico de influencias y adjudicaciones ilícitas cometidos en el seno del Consell Comarcal de La Selva (Girona), a favor de la empresa GRS y en beneficio propio por Robert Fauria, en su calidad de presidente del Consell y alcalde de Sant Hilarí.
PIEZA 7: CANGAS DE NARCEA
Concentra las supuestas irregularidades cometidas en Asturias por Francisco Joaquín Fernández y Juan Carlos Guerrero, quienes 'se habrían concertado para la redacción de informes favorables a sus respectivos intereses' en Cangas de Narcea: gestión de tráfico y multas, limpieza y recogida de basuras, y compra de GPS para ese municipio.
