El Concello de Ourense abonará 364 mil euros a 22 vecinos de Reza por la vieja depuradora

El Concello de Ourense deberá indemnizar a 22 vecinos de Reza por los daños morales causados por el funcionamiento de la antigua depuradora. Así lo anunció ayer, al término de la junta de gobierno local, el Ejecutivo encabezado por Gonzalo Pérez Jácome, quien reconocía esta obligación tras conocer un dictamen del Consello Consultivo de Galicia que establecía esta responsabilidad del consistorio.

La reclamación se remonta a junio de 2017, cuando un grupo de vecinos de Reza presentó una reclamación de daños patrimoniales ante el Concello por los “danos e perdas derivados do funcionamento da depuradora de augas residuais”, tal y como se recoge en la resolución del Consello Consultivo. El documento establece también que, entre los años 2001 y 2017, momento en el que se hace la reclamación, los afectados “sufriron distintas molestias durante uns períodos de tempo ao irse atopando dende o ano 2013 medidas para limitar os efectos desfavorables do funcionamento da instalación”. De acuerdo con este dictamen, el Concello pagará entre 9.100 y 18.200 euros a cada vecino para paliar esos daños morales.

El propio gobierno municipal también anunció que abrirá un expediente a la empresa concesionaria, Viaqua, para reclamarle esta cantidad una vez efectúe los pagos, dentro del derecho de repetición, que faculta a quien hiciera un pago de manera indebida en virtud de una relación contractual el poder reclamar y obtener lo pagado.

Tercera Prórroga

La junta de gobierno local también tomó la decisión de prorrogar durante tres meses más -hasta febrero de 2025- la concesión del servicio de Ayuda a Domicilio, adjudicación que vencía el próximo sábado 30 de noviembre, sin que se hubiera resuelto la nueva concesión; algo que La Región había adelantado el pasado 20 de noviembre. Este contrato, uno de los últimos vigentes en las concesiones municipales, empezó a funcionar en septiembre de 2020, e implica la asistencia a unos 500 beneficiarios.

Originalmente se iba a prestar por dos años, y admitía hasta dos prórrogas que el gobierno de Jácome ejerció. Para el pago de esta tercera ha consignado 1.168.053,66 euros.